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Economía
Economía
Creemos que la prosperidad y el bienestar social no son opuestos, sino aliados naturales.
Un país puede ser más productivo, eficiente y responsable fiscalmente, y al mismo tiempo garantizar mejores oportunidades y servicios para su gente.Nuestro compromiso es claro: aumentar la inversión productiva, gestionar lo público con criterios de transparencia y eficiencia, y vincular cada euro invertido a resultados concretos que mejoren la vida de las personas.Siguiendo las mejores prácticas, apostamos por un modelo económico sólido, con objetivos claros y rendición de cuentas, donde el crecimiento se traduzca en más y mejores servicios para todos.
Ejes estratégicos
Eje estratégico
1
Seguridad jurídica para propietarios y fin del miedo a alquilar
Alquiler seguro, propietarios tranquilos
Muchos propietarios dudan en poner su vivienda en alquiler por miedo a impagos o ocupaciones ilegales. Este eje garantiza protección legal total, generando confianza y dinamizando el mercado de alquiler.
1.
Competitividad autonómica
Incentivos según resultados en calidad de vida.
Crearemos un mecanismo nacional de evaluación anual que mida de forma objetiva el desempeño socioeconómico y la calidad de vida en cada comunidad autónoma. Este sistema no será simbólico: vinculará directamente una parte de los fondos estatales —como los destinados a infraestructuras, fondos de cohesión o programas estratégicos— a los resultados obtenidos.
Indicadores clave de medición
La evaluación se basará en un conjunto de KPIs claros y verificables, como:
- Crecimiento del PIB per cápita.
- Creación de empleo estable y de calidad.
- Reducción de desigualdades sociales y territoriales.
- Mejora en indicadores de salud (esperanza de vida, mortalidad infantil, atención primaria).
- Mejora en educación (tasas de abandono escolar, acceso a formación continua).
- Mejora en vivienda (accesibilidad, asequibilidad y calidad).
La medición será doble: se considerarán tanto los niveles absolutos como las mejoras relativas respecto al año anterior. Esto permite que comunidades con un punto de partida más bajo —por ejemplo, Castilla-La Mancha frente a Madrid— sean reconocidas por sus avances proporcionales, evitando un sistema injusto que solo premie a quienes ya parten con ventaja.
Mecanismo de incentivos
Las comunidades que obtengan mejores resultados recibirán premios presupuestarios en forma de:
- Recursos adicionales para inversión directa.
- Bonificaciones o alivios fiscales internos temporales, reduciendo cargas a ciudadanos y empresas.
Este modelo está inspirado en experiencias de federalismo competitivo y yardstick competition ya aplicadas con éxito en otras federaciones. La lógica es sencilla: cuando los gobiernos regionales compiten por ofrecer el mejor entorno para atraer y retener personas, empresas y talento, se fomenta la eficiencia del gasto, el crecimiento económico y la mejora real de los servicios públicos.
Estandarización e interoperabilidad
Además de resultados económicos y sociales, el sistema valorará la eficiencia administrativa. Premiaremos a las comunidades que avancen en la interoperabilidad de datos y procesos, evitando duplicidades y reduciendo costes. Ejemplos:
- Historias clínicas electrónicas comunes y transferibles entre regiones.
- Bases de datos unificadas para trámites fiscales, educativos o sanitarios.
- Sistemas de información compartidos que permitan planificar de forma coordinada y optimizar recursos.
La Comisión Europea destaca que la interoperabilidad es una de las palancas más efectivas para aumentar la eficiencia del sector público. Incorporarla a nuestro sistema de incentivos no solo mejora la gestión, sino que ahorra millones de euros y tiempo a ciudadanos y empresas.
Objetivo final
Este mecanismo transformará la financiación autonómica en una herramienta de progreso y responsabilidad compartida:
- Los gobiernos regionales competirán por mejorar el bienestar de sus ciudadanos.
- El Estado premiará la buena gestión y el progreso real.
- Los ciudadanos verán que el éxito colectivo de su región se traduce en beneficios tangibles, ya sea en forma de mejores infraestructuras, servicios o menor presión fiscal.
Se trata de pasar de un reparto de fondos basado en la inercia y las negociaciones políticas, a uno basado en resultados, donde la prosperidad y la eficiencia se recompensen y donde cada comunidad tenga un incentivo real para superarse año tras año.
Eje estratégico
2
Sector público eficiente y rentable
Convertir al sector público en motor de beneficio social y sostenible
Solo mantendremos en lo público aquello que aporte valor efectivo; el resto se reordenará para no ser una carga fiscal inútil. Al mismo tiempo, las entidades públicas rentables reforzarán los servicios sociales con sus beneficios.
2.
Empresas públicas competentes
Evaluación por indicadores (KPIs) para mayor eficiencia.
Todas las empresas públicas (estatales, autonómicas y locales) se gestionarán bajo criterios de rendimiento empresarial. Crearemos un marco único de comparación y transparencia:
KPIs definidos
Cada empresa tendrá asignados indicadores clave de rendimiento (coste operacional, rentabilidad, calidad del servicio, impacto social, etc.) y deberá reportar sus resultados anualmente de forma pública.
Ranking de eficiencia
Publicaremos listados comparativos para que la ciudadanía conozca el desempeño de cada empresa estatal. Esta transparencia es práctica recomendada por la OCDE para reforzar la rendición de cuentas.
Incentivos ligados al desempeño
Vincularemos la financiación y los incentivos adicionales (bonificaciones presupuestarias, acceso a crédito oficial ventajoso) a la mejora comprobada de estos KPIs. Así, empresas con buenas prácticas recibirán mayor apoyo.
Ejemplo internacional
Chile lanzó el portal EmpresasEstatales.cl, donde consolida y divulga públicamente información agregada del desempeño financiero y social de sus empresas estatales. Siguiendo esta tendencia, en España centralizaremos los datos del sector público para reforzar la competencia interna y externa.
Este enfoque hace que las empresas públicas rindan cuentas y operen como empresas modernas (tal como ocurre en los países nórdicos), evitando burocracia ineficiente y enfocándolas en generar valor real.
3
3
.
Empresas públicas rentables
Financiar el bienestar con los beneficios del Estado.
Revisaremos integralmente las empresas del Estado para asegurar su viabilidad y rentabilidad. Se aplicarán auditorías exhaustivas y planes de negocio claros que permitan adoptar un modelo de gestión profesional.
En la práctica haremos lo siguiente:
- Auditoría y reestructuración: Las empresas públicas en déficit serán reorganizadas (fusionadas, reestructuradas) o, cuando corresponda, privatizadas de forma ordenada. Esto libera recursos para invertir donde realmente aporte beneficio social.
- Refuerzo de estratégicas: Consolidaremos y reforzaremos las compañías estatales estratégicas y viables (energía, tecnología, transporte, etc.) para que sus ganancias financien el Estado de bienestar. Por ejemplo, en Noruega se aplica el principio de que las riquezas petroleras “recaen al Estado noruego y benefician a la sociedad en su conjunto”: así, los ingresos por impuestos petroleros y dividendos de la petrolera estatal alimentan un fondo público que paga pensiones y servicios. Seguiremos esa línea: los beneficios de nuestras empresas clave se destinarán a sanidad, educación, pensiones, reduciendo la presión impositiva directa sobre la ciudadanía.
- Diversificación productiva: Además, fomentaremos la creación de nuevos sectores con alto valor añadido. Se ofrecerán incentivos fiscales y apoyo a emprendedores para diversificar la economía más allá del turismo. El Estado actuará también como inversor en startups tecnológicas, energías limpias e innovación, devolviendo parte de los beneficios a las propias empresas para reinvertir en I+D y capital humano.
- Universidades e innovación: Potenciaremos el vínculo universidad–empresa, siguiendo ejemplos de países avanzados donde la investigación superior impulsa la innovación industrial. Se implementarán programas de retención de talento (becas, proyectos atractivos) y se reinvertirá parte de los ingresos en las instituciones de investigación, reforzando así el motor innovador del país.
Con estas medidas, el sector público pierde cargas improductivas y se convierte en fuente de financiación complementaria para el bienestar. Al impulsar entidades fuertes y eficientes, se eleva la PTF nacional y mejora la calidad del servicio público.
4
4
.
Empresas públicas rentables
Cláusula de reembolso en rescates públicos
Para proteger al contribuyente, las ayudas estatales llevarán obligación de devolución futura. Es decir, cualquier rescate (préstamos blandos, avales, condonaciones) incluirá un compromiso jurídico de reintegro si la empresa beneficiaria recupera beneficios. De esta manera:
- Mecanismo legal: Incorporaremos a la Constitución una cláusula de responsabilidad fiscal que exija devolver los fondos públicos cuando las empresas rescatadas alcancen rentabilidad. Así se desincentiva la mala gestión y el oportunismo empresarial (sabiendo que deberán reintegrar lo recibido).
- Fondo de garantía: Los reembolsos de esas ayudas alimentarán un fondo público de garantía, orientado a inversiones sociales prioritarias. Este mecanismo se inspira en las directrices de la UE, que ya prevén para ayudas en crisis que el Estado reciba “una proporción razonable de las ganancias futuras” de la empresa en relación con los fondos inyectados.
Formalizando este principio, blindamos las finanzas públicas ante eventuales «rescate y olvido».
5
5
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Empresas públicas rentables
Respeto al erario público
Reforzaremos la rendición de cuentas en todo momento. Junto a la cláusula de reembolso, implementaremos mecanismos estrictos de control:
- Control parlamentario: Todo rescate o subvención estatales deberá ser debidamente informado al Parlamento, con informes regulares y debates públicos sobre su ejecución.
- Auditorías externas: Las ayudas y gastos se someterán a auditoría independiente (como recomienda la OCDE para las SOEs, con estándares de auditoría profesional). Cada euro de fondos públicos será revisado, y los resultados se publicarán para garantizar transparencia total.
- Cero impunidad: Estableceremos sanciones claras por malversación o uso indebido de recursos. En un sector público responsable al 100% no habrá lugar para la corrupción: los directivos públicos responderán legalmente si incumplen la devolución o destinan indebidamente los rescates, tal como demandan los estándares internacionales de buen gobierno.
Eje estratégico
X
Sector público eficiente y rentable
Convertir al sector público en motor de beneficio social y sostenible
Solo mantendremos en lo público aquello que aporte valor efectivo; el resto se reordenará para no ser una carga fiscal inútil. Al mismo tiempo, las entidades públicas rentables reforzarán los servicios sociales con sus beneficios.
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Simplificación y digitalización administrativa
Menos papel, más eficiencia.
- Auditoría de procedimientos: Iniciaremos un diagnóstico de todos los trámites para eliminar pasos redundantes. Cualquier gestión (impuestos, ayudas sociales, licencias, etc.) se reevaluará para agilizarla o unificarla.
- Plataformas integradas: Implementaremos un portal ciudadano único nacional, compatible con móviles y web, donde se puedan completar en línea trámites de distintas administraciones a la vez. Se reforzará la firma digital y la identificación única. Siguiendo el ejemplo estonio (sistema X-Road de intercambio de datos, adoptado por 25 países), conectaremos las bases de datos sanitarias, educativas y administrativas de las comunidades para que funcionen como una sola red de información. Esto permitirá, por ejemplo, que un certificado de nacimiento sirva automáticamente para registro escolar y seguridad social. La interoperabilidad de datos, clave en la agenda digital europea, facilita la eficiencia y reduce costes administrativos.
- Medición de eficiencia: Cada mejora se cuantificará: reduciremos drásticamente los tiempos de espera y el uso de papel, estableciendo indicadores públicos de éxito (por ejemplo, minutos de espera eliminados, horas-persona ahorradas). En Estonia ya constatan ahorros de tiempo y costos tanto para ciudadanos como gobierno, e incluso más de la mitad de sus votantes (53%) eligen votar electrónicamente.
Con estas medidas, liberaremos recursos públicos y haremos mucho más cómoda la relación diaria de las personas con las administraciones.
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Responsabilidad fiscal y participación ciudadana
Mayor transparencia y voz ciudadana en las decisiones económicas.
La gestión económica pública será plenamente transparente y participativa. En lugar de decisiones a puerta cerrada, el ciudadano tendrá voz y herramientas concretas:
- Presupuesto participativo: Aplicaremos modelos de participación ciudadana en el proceso presupuestario a todos los niveles (nacional, autonómico, local). Corea del Sur, por ejemplo, ya implementa un Presupuesto Ciudadano Participativo que permite a la población opinar en cada fase presupuestaria (desde la preparación hasta la rendición de cuentas). Siguiendo ese camino, se realizarán consultas y audiencias públicas (tanto presenciales como on-line) para que los contribuyentes determinen prioridades sociales y evalúen el gasto.
- Transparencia fiscal: Vincularemos impuestos y gasto de forma clara. Publicaremos portales presupuestarios abiertos donde se asocien partidas de gasto con tributos específicos. Además, se impulsará la educación fiscal para que cada ciudadano comprenda cómo se emplean sus impuestos.
- Supervisión continua: Los gestores económicos rendirán cuentas periódicamente ante los ciudadanos. Fomentaremos organizaciones de la sociedad civil que fiscalicen el uso de fondos y promuevan informes de transparencia. Cada euro destinado a rescates o subvenciones estará justificado y sujeto a escrutinio social.
Con estos mecanismos digitales y participativos, mejorará la calidad democrática y la responsabilidad pública. Se premiará además a las administraciones que eviten duplicidades institucionales y ahorren costes (p. ej., aquellas que unifiquen bases de datos o procesos), lo que será un KPI adicional de eficiencia
KPIs claros y medibles de éxito
Cada KPI se alineará a objetivos concretos (por ejemplo, metas anuales de paro y contratación indefinida) para monitorear el progreso. De este modo, disponemos de métricas cuantitativas que reflejan la eficiencia de cada medida y si el programa impulsa verdaderamente un mercado laboral más dinámico, inclusivo y digno.
KPI estrella (North Star)
- Productividad Total de Factores (PTF): Será nuestro North Star KPI, porque refleja la eficiencia global de la economía (producto por unidad de trabajo+capital)Un crecimiento sostenido de la PTF indicará mayor innovación y mejor uso de recursos.
KPIs positivos (a incentivar y maximizar)
- Crecimiento de exportaciones: El aumento de exportaciones netas medirá la competitividad internacional y diversificación de la producción.
- PIB per cápita real: Evaluará el bienestar económico de los ciudadanos.
- Deuda pública neta: Su reducción progresiva asegurará la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
- Satisfacción del contribuyente: Se harán encuestas periódicas sobre la percepción de la calidad de los servicios públicos, vinculando gasto con satisfacción ciudadana.
KPIs negativos (a reducir de forma sostenida)
- Brecha autonómica normativa: Mediremos la divergencia legislativa y de procedimientos entre comunidades, penalizando con indicadores a quienes generen cargas administrativas extras.
- Déficit fiscal estructural: El desequilibrio permanente entre ingresos y gastos públicos se considerará un fracaso de gestión.
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Creemos que la prosperidad y el bienestar social no son opuestos, sino aliados naturales.
Un país puede ser más productivo, eficiente y responsable fiscalmente, y al mismo tiempo garantizar mejores oportunidades y servicios para su gente.Nuestro compromiso es claro: aumentar la inversión productiva, gestionar lo público con criterios de transparencia y eficiencia, y vincular cada euro invertido a resultados concretos que mejoren la vida de las personas.Siguiendo las mejores prácticas, apostamos por un modelo económico sólido, con objetivos claros y rendición de cuentas, donde el crecimiento se traduzca en más y mejores servicios para todos.
Ejes estratégicos
Eje estratégico
1
Seguridad jurídica para propietarios y fin del miedo a alquilar
Alquiler seguro, propietarios tranquilos
Muchos propietarios dudan en poner su vivienda en alquiler por miedo a impagos o ocupaciones ilegales. Este eje garantiza protección legal total, generando confianza y dinamizando el mercado de alquiler.
1.
Competitividad autonómica
Incentivos según resultados en calidad de vida.
Crearemos un mecanismo nacional de evaluación anual que mida de forma objetiva el desempeño socioeconómico y la calidad de vida en cada comunidad autónoma. Este sistema no será simbólico: vinculará directamente una parte de los fondos estatales —como los destinados a infraestructuras, fondos de cohesión o programas estratégicos— a los resultados obtenidos.
Indicadores clave de medición
La evaluación se basará en un conjunto de KPIs claros y verificables, como:
- Crecimiento del PIB per cápita.
- Creación de empleo estable y de calidad.
- Reducción de desigualdades sociales y territoriales.
- Mejora en indicadores de salud (esperanza de vida, mortalidad infantil, atención primaria).
- Mejora en educación (tasas de abandono escolar, acceso a formación continua).
- Mejora en vivienda (accesibilidad, asequibilidad y calidad).
La medición será doble: se considerarán tanto los niveles absolutos como las mejoras relativas respecto al año anterior. Esto permite que comunidades con un punto de partida más bajo —por ejemplo, Castilla-La Mancha frente a Madrid— sean reconocidas por sus avances proporcionales, evitando un sistema injusto que solo premie a quienes ya parten con ventaja.
Mecanismo de incentivos
Las comunidades que obtengan mejores resultados recibirán premios presupuestarios en forma de:
- Recursos adicionales para inversión directa.
- Bonificaciones o alivios fiscales internos temporales, reduciendo cargas a ciudadanos y empresas.
Este modelo está inspirado en experiencias de federalismo competitivo y yardstick competition ya aplicadas con éxito en otras federaciones. La lógica es sencilla: cuando los gobiernos regionales compiten por ofrecer el mejor entorno para atraer y retener personas, empresas y talento, se fomenta la eficiencia del gasto, el crecimiento económico y la mejora real de los servicios públicos.
Estandarización e interoperabilidad
Además de resultados económicos y sociales, el sistema valorará la eficiencia administrativa. Premiaremos a las comunidades que avancen en la interoperabilidad de datos y procesos, evitando duplicidades y reduciendo costes. Ejemplos:
- Historias clínicas electrónicas comunes y transferibles entre regiones.
- Bases de datos unificadas para trámites fiscales, educativos o sanitarios.
- Sistemas de información compartidos que permitan planificar de forma coordinada y optimizar recursos.
La Comisión Europea destaca que la interoperabilidad es una de las palancas más efectivas para aumentar la eficiencia del sector público. Incorporarla a nuestro sistema de incentivos no solo mejora la gestión, sino que ahorra millones de euros y tiempo a ciudadanos y empresas.
Objetivo final
Este mecanismo transformará la financiación autonómica en una herramienta de progreso y responsabilidad compartida:
- Los gobiernos regionales competirán por mejorar el bienestar de sus ciudadanos.
- El Estado premiará la buena gestión y el progreso real.
- Los ciudadanos verán que el éxito colectivo de su región se traduce en beneficios tangibles, ya sea en forma de mejores infraestructuras, servicios o menor presión fiscal.
Se trata de pasar de un reparto de fondos basado en la inercia y las negociaciones políticas, a uno basado en resultados, donde la prosperidad y la eficiencia se recompensen y donde cada comunidad tenga un incentivo real para superarse año tras año.
Eje estratégico
2
Sector público eficiente y rentable
Convertir al sector público en motor de beneficio social y sostenible
Solo mantendremos en lo público aquello que aporte valor efectivo; el resto se reordenará para no ser una carga fiscal inútil. Al mismo tiempo, las entidades públicas rentables reforzarán los servicios sociales con sus beneficios.
2.
Empresas públicas competentes
Evaluación por indicadores (KPIs) para mayor eficiencia.
Todas las empresas públicas (estatales, autonómicas y locales) se gestionarán bajo criterios de rendimiento empresarial. Crearemos un marco único de comparación y transparencia:
KPIs definidos
Cada empresa tendrá asignados indicadores clave de rendimiento (coste operacional, rentabilidad, calidad del servicio, impacto social, etc.) y deberá reportar sus resultados anualmente de forma pública.
Ranking de eficiencia
Publicaremos listados comparativos para que la ciudadanía conozca el desempeño de cada empresa estatal. Esta transparencia es práctica recomendada por la OCDE para reforzar la rendición de cuentas.
Incentivos ligados al desempeño
Vincularemos la financiación y los incentivos adicionales (bonificaciones presupuestarias, acceso a crédito oficial ventajoso) a la mejora comprobada de estos KPIs. Así, empresas con buenas prácticas recibirán mayor apoyo.
Ejemplo internacional
Chile lanzó el portal EmpresasEstatales.cl, donde consolida y divulga públicamente información agregada del desempeño financiero y social de sus empresas estatales. Siguiendo esta tendencia, en España centralizaremos los datos del sector público para reforzar la competencia interna y externa.
Este enfoque hace que las empresas públicas rindan cuentas y operen como empresas modernas (tal como ocurre en los países nórdicos), evitando burocracia ineficiente y enfocándolas en generar valor real.
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Empresas públicas rentables
Financiar el bienestar con los beneficios del Estado.
Revisaremos integralmente las empresas del Estado para asegurar su viabilidad y rentabilidad. Se aplicarán auditorías exhaustivas y planes de negocio claros que permitan adoptar un modelo de gestión profesional.
En la práctica haremos lo siguiente:
- Auditoría y reestructuración: Las empresas públicas en déficit serán reorganizadas (fusionadas, reestructuradas) o, cuando corresponda, privatizadas de forma ordenada. Esto libera recursos para invertir donde realmente aporte beneficio social.
- Refuerzo de estratégicas: Consolidaremos y reforzaremos las compañías estatales estratégicas y viables (energía, tecnología, transporte, etc.) para que sus ganancias financien el Estado de bienestar. Por ejemplo, en Noruega se aplica el principio de que las riquezas petroleras “recaen al Estado noruego y benefician a la sociedad en su conjunto”: así, los ingresos por impuestos petroleros y dividendos de la petrolera estatal alimentan un fondo público que paga pensiones y servicios. Seguiremos esa línea: los beneficios de nuestras empresas clave se destinarán a sanidad, educación, pensiones, reduciendo la presión impositiva directa sobre la ciudadanía.
- Diversificación productiva: Además, fomentaremos la creación de nuevos sectores con alto valor añadido. Se ofrecerán incentivos fiscales y apoyo a emprendedores para diversificar la economía más allá del turismo. El Estado actuará también como inversor en startups tecnológicas, energías limpias e innovación, devolviendo parte de los beneficios a las propias empresas para reinvertir en I+D y capital humano.
- Universidades e innovación: Potenciaremos el vínculo universidad–empresa, siguiendo ejemplos de países avanzados donde la investigación superior impulsa la innovación industrial. Se implementarán programas de retención de talento (becas, proyectos atractivos) y se reinvertirá parte de los ingresos en las instituciones de investigación, reforzando así el motor innovador del país.
Con estas medidas, el sector público pierde cargas improductivas y se convierte en fuente de financiación complementaria para el bienestar. Al impulsar entidades fuertes y eficientes, se eleva la PTF nacional y mejora la calidad del servicio público.
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Responsabilidad total en las ayudas al sector privado.
Cláusula de reembolso en rescates públicos
Para proteger al contribuyente, las ayudas estatales llevarán obligación de devolución futura. Es decir, cualquier rescate (préstamos blandos, avales, condonaciones) incluirá un compromiso jurídico de reintegro si la empresa beneficiaria recupera beneficios. De esta manera:
- Mecanismo legal: Incorporaremos a la Constitución una cláusula de responsabilidad fiscal que exija devolver los fondos públicos cuando las empresas rescatadas alcancen rentabilidad. Así se desincentiva la mala gestión y el oportunismo empresarial (sabiendo que deberán reintegrar lo recibido).
- Fondo de garantía: Los reembolsos de esas ayudas alimentarán un fondo público de garantía, orientado a inversiones sociales prioritarias. Este mecanismo se inspira en las directrices de la UE, que ya prevén para ayudas en crisis que el Estado reciba “una proporción razonable de las ganancias futuras” de la empresa en relación con los fondos inyectados.
Formalizando este principio, blindamos las finanzas públicas ante eventuales «rescate y olvido».
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supervisión y auditoría independiente
Respeto al erario público
Reforzaremos la rendición de cuentas en todo momento. Junto a la cláusula de reembolso, implementaremos mecanismos estrictos de control:
- Control parlamentario: Todo rescate o subvención estatales deberá ser debidamente informado al Parlamento, con informes regulares y debates públicos sobre su ejecución.
- Auditorías externas: Las ayudas y gastos se someterán a auditoría independiente (como recomienda la OCDE para las SOEs, con estándares de auditoría profesional). Cada euro de fondos públicos será revisado, y los resultados se publicarán para garantizar transparencia total.
- Cero impunidad: Estableceremos sanciones claras por malversación o uso indebido de recursos. En un sector público responsable al 100% no habrá lugar para la corrupción: los directivos públicos responderán legalmente si incumplen la devolución o destinan indebidamente los rescates, tal como demandan los estándares internacionales de buen gobierno.
Eje estratégico
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Sector público eficiente y rentable
Convertir al sector público en motor de beneficio social y sostenible
Solo mantendremos en lo público aquello que aporte valor efectivo; el resto se reordenará para no ser una carga fiscal inútil. Al mismo tiempo, las entidades públicas rentables reforzarán los servicios sociales con sus beneficios.
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Simplificación y digitalización administrativa
Menos papel, más eficiencia.
- Auditoría de procedimientos: Iniciaremos un diagnóstico de todos los trámites para eliminar pasos redundantes. Cualquier gestión (impuestos, ayudas sociales, licencias, etc.) se reevaluará para agilizarla o unificarla.
- Plataformas integradas: Implementaremos un portal ciudadano único nacional, compatible con móviles y web, donde se puedan completar en línea trámites de distintas administraciones a la vez. Se reforzará la firma digital y la identificación única. Siguiendo el ejemplo estonio (sistema X-Road de intercambio de datos, adoptado por 25 países), conectaremos las bases de datos sanitarias, educativas y administrativas de las comunidades para que funcionen como una sola red de información. Esto permitirá, por ejemplo, que un certificado de nacimiento sirva automáticamente para registro escolar y seguridad social. La interoperabilidad de datos, clave en la agenda digital europea, facilita la eficiencia y reduce costes administrativos.
- Medición de eficiencia: Cada mejora se cuantificará: reduciremos drásticamente los tiempos de espera y el uso de papel, estableciendo indicadores públicos de éxito (por ejemplo, minutos de espera eliminados, horas-persona ahorradas). En Estonia ya constatan ahorros de tiempo y costos tanto para ciudadanos como gobierno, e incluso más de la mitad de sus votantes (53%) eligen votar electrónicamente.
Con estas medidas, liberaremos recursos públicos y haremos mucho más cómoda la relación diaria de las personas con las administraciones.
7
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Responsabilidad fiscal y participación ciudadana
Mayor transparencia y voz ciudadana en las decisiones económicas.
La gestión económica pública será plenamente transparente y participativa. En lugar de decisiones a puerta cerrada, el ciudadano tendrá voz y herramientas concretas:
- Presupuesto participativo: Aplicaremos modelos de participación ciudadana en el proceso presupuestario a todos los niveles (nacional, autonómico, local). Corea del Sur, por ejemplo, ya implementa un Presupuesto Ciudadano Participativo que permite a la población opinar en cada fase presupuestaria (desde la preparación hasta la rendición de cuentas). Siguiendo ese camino, se realizarán consultas y audiencias públicas (tanto presenciales como on-line) para que los contribuyentes determinen prioridades sociales y evalúen el gasto.
- Transparencia fiscal: Vincularemos impuestos y gasto de forma clara. Publicaremos portales presupuestarios abiertos donde se asocien partidas de gasto con tributos específicos. Además, se impulsará la educación fiscal para que cada ciudadano comprenda cómo se emplean sus impuestos.
- Supervisión continua: Los gestores económicos rendirán cuentas periódicamente ante los ciudadanos. Fomentaremos organizaciones de la sociedad civil que fiscalicen el uso de fondos y promuevan informes de transparencia. Cada euro destinado a rescates o subvenciones estará justificado y sujeto a escrutinio social.
Con estos mecanismos digitales y participativos, mejorará la calidad democrática y la responsabilidad pública. Se premiará además a las administraciones que eviten duplicidades institucionales y ahorren costes (p. ej., aquellas que unifiquen bases de datos o procesos), lo que será un KPI adicional de eficiencia
KPIs claros y medibles de éxito
Cada KPI se alineará a objetivos concretos (por ejemplo, metas anuales de paro y contratación indefinida) para monitorear el progreso. De este modo, disponemos de métricas cuantitativas que reflejan la eficiencia de cada medida y si el programa impulsa verdaderamente un mercado laboral más dinámico, inclusivo y digno.
KPI estrella (North Star)
- Productividad Total de Factores (PTF): Será nuestro North Star KPI, porque refleja la eficiencia global de la economía (producto por unidad de trabajo+capital)Un crecimiento sostenido de la PTF indicará mayor innovación y mejor uso de recursos.
KPIs positivos (a incentivar y maximizar)
- Crecimiento de exportaciones: El aumento de exportaciones netas medirá la competitividad internacional y diversificación de la producción.
- PIB per cápita real: Evaluará el bienestar económico de los ciudadanos.
- Deuda pública neta: Su reducción progresiva asegurará la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
- Satisfacción del contribuyente: Se harán encuestas periódicas sobre la percepción de la calidad de los servicios públicos, vinculando gasto con satisfacción ciudadana.
KPIs negativos (a reducir de forma sostenida)
- Brecha autonómica normativa: Mediremos la divergencia legislativa y de procedimientos entre comunidades, penalizando con indicadores a quienes generen cargas administrativas extras.
- Déficit fiscal estructural: El desequilibrio permanente entre ingresos y gastos públicos se considerará un fracaso de gestión.
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Economía
Economía
Creemos que la prosperidad y el bienestar social no son opuestos, sino aliados naturales.
Un país puede ser más productivo, eficiente y responsable fiscalmente, y al mismo tiempo garantizar mejores oportunidades y servicios para su gente.Nuestro compromiso es claro: aumentar la inversión productiva, gestionar lo público con criterios de transparencia y eficiencia, y vincular cada euro invertido a resultados concretos que mejoren la vida de las personas.Siguiendo las mejores prácticas, apostamos por un modelo económico sólido, con objetivos claros y rendición de cuentas, donde el crecimiento se traduzca en más y mejores servicios para todos.
Ejes estratégicos
Eje estratégico
1
Competitividad territorial y del tejido productivo
Fomentar el desarrollo equilibrado de todas las regiones mediante competencia positiva.
Nuestro objetivo es impulsar la actividad económica en todas las regiones, premiando la buena gestión y el desarrollo socioeconómico. Estudios de federalismo competitivo muestran que cuando gobiernos locales compiten por atraer personas y empresas, elevan la eficiencia y el crecimiento.Con esto en mente, implementaremos un sistema de incentivos autonómicos basado en resultados. Parte de los fondos estatales (infraestructura, cohesión, etc.) se asignará según indicadores objetivos de calidad de vida.
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Competitividad autonómica
Incentivos según resultados en calidad de vida.
Crearemos un mecanismo nacional de evaluación anual que mida de forma objetiva el desempeño socioeconómico y la calidad de vida en cada comunidad autónoma. Este sistema no será simbólico: vinculará directamente una parte de los fondos estatales —como los destinados a infraestructuras, fondos de cohesión o programas estratégicos— a los resultados obtenidos.
Indicadores clave de medición
La evaluación se basará en un conjunto de KPIs claros y verificables, como:
- Crecimiento del PIB per cápita.
- Creación de empleo estable y de calidad.
- Reducción de desigualdades sociales y territoriales.
- Mejora en indicadores de salud (esperanza de vida, mortalidad infantil, atención primaria).
- Mejora en educación (tasas de abandono escolar, acceso a formación continua).
- Mejora en vivienda (accesibilidad, asequibilidad y calidad).
La medición será doble: se considerarán tanto los niveles absolutos como las mejoras relativas respecto al año anterior. Esto permite que comunidades con un punto de partida más bajo —por ejemplo, Castilla-La Mancha frente a Madrid— sean reconocidas por sus avances proporcionales, evitando un sistema injusto que solo premie a quienes ya parten con ventaja.
Mecanismo de incentivos
Las comunidades que obtengan mejores resultados recibirán premios presupuestarios en forma de:
- Recursos adicionales para inversión directa.
- Bonificaciones o alivios fiscales internos temporales, reduciendo cargas a ciudadanos y empresas.
Este modelo está inspirado en experiencias de federalismo competitivo y yardstick competition ya aplicadas con éxito en otras federaciones. La lógica es sencilla: cuando los gobiernos regionales compiten por ofrecer el mejor entorno para atraer y retener personas, empresas y talento, se fomenta la eficiencia del gasto, el crecimiento económico y la mejora real de los servicios públicos.
Estandarización e interoperabilidad
Además de resultados económicos y sociales, el sistema valorará la eficiencia administrativa. Premiaremos a las comunidades que avancen en la interoperabilidad de datos y procesos, evitando duplicidades y reduciendo costes. Ejemplos:
- Historias clínicas electrónicas comunes y transferibles entre regiones.
- Bases de datos unificadas para trámites fiscales, educativos o sanitarios.
- Sistemas de información compartidos que permitan planificar de forma coordinada y optimizar recursos.
La Comisión Europea destaca que la interoperabilidad es una de las palancas más efectivas para aumentar la eficiencia del sector público. Incorporarla a nuestro sistema de incentivos no solo mejora la gestión, sino que ahorra millones de euros y tiempo a ciudadanos y empresas.
Objetivo final
Este mecanismo transformará la financiación autonómica en una herramienta de progreso y responsabilidad compartida:
- Los gobiernos regionales competirán por mejorar el bienestar de sus ciudadanos.
- El Estado premiará la buena gestión y el progreso real.
- Los ciudadanos verán que el éxito colectivo de su región se traduce en beneficios tangibles, ya sea en forma de mejores infraestructuras, servicios o menor presión fiscal.
Se trata de pasar de un reparto de fondos basado en la inercia y las negociaciones políticas, a uno basado en resultados, donde la prosperidad y la eficiencia se recompensen y donde cada comunidad tenga un incentivo real para superarse año tras año.
Eje estratégico
2
Sector público eficiente y rentable
Convertir al sector público en motor de beneficio social y sostenible
Solo mantendremos en lo público aquello que aporte valor efectivo; el resto se reordenará para no ser una carga fiscal inútil. Al mismo tiempo, las entidades públicas rentables reforzarán los servicios sociales con sus beneficios.
2.
Empresas públicas competentes
Evaluación por indicadores (KPIs) para mayor eficiencia.
Todas las empresas públicas (estatales, autonómicas y locales) se gestionarán bajo criterios de rendimiento empresarial. Crearemos un marco único de comparación y transparencia:
KPIs definidos
Cada empresa tendrá asignados indicadores clave de rendimiento (coste operacional, rentabilidad, calidad del servicio, impacto social, etc.) y deberá reportar sus resultados anualmente de forma pública.
Ranking de eficiencia
Publicaremos listados comparativos para que la ciudadanía conozca el desempeño de cada empresa estatal. Esta transparencia es práctica recomendada por la OCDE para reforzar la rendición de cuentas.
Incentivos ligados al desempeño
Vincularemos la financiación y los incentivos adicionales (bonificaciones presupuestarias, acceso a crédito oficial ventajoso) a la mejora comprobada de estos KPIs. Así, empresas con buenas prácticas recibirán mayor apoyo.
Ejemplo internacional
Chile lanzó el portal EmpresasEstatales.cl, donde consolida y divulga públicamente información agregada del desempeño financiero y social de sus empresas estatales. Siguiendo esta tendencia, en España centralizaremos los datos del sector público para reforzar la competencia interna y externa.
Este enfoque hace que las empresas públicas rindan cuentas y operen como empresas modernas (tal como ocurre en los países nórdicos), evitando burocracia ineficiente y enfocándolas en generar valor real.
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Empresas públicas rentables
Financiar el bienestar con los beneficios del Estado.
Revisaremos integralmente las empresas del Estado para asegurar su viabilidad y rentabilidad. Se aplicarán auditorías exhaustivas y planes de negocio claros que permitan adoptar un modelo de gestión profesional.
En la práctica haremos lo siguiente:
- Auditoría y reestructuración: Las empresas públicas en déficit serán reorganizadas (fusionadas, reestructuradas) o, cuando corresponda, privatizadas de forma ordenada. Esto libera recursos para invertir donde realmente aporte beneficio social.
- Refuerzo de estratégicas: Consolidaremos y reforzaremos las compañías estatales estratégicas y viables (energía, tecnología, transporte, etc.) para que sus ganancias financien el Estado de bienestar. Por ejemplo, en Noruega se aplica el principio de que las riquezas petroleras “recaen al Estado noruego y benefician a la sociedad en su conjunto”: así, los ingresos por impuestos petroleros y dividendos de la petrolera estatal alimentan un fondo público que paga pensiones y servicios. Seguiremos esa línea: los beneficios de nuestras empresas clave se destinarán a sanidad, educación, pensiones, reduciendo la presión impositiva directa sobre la ciudadanía.
- Diversificación productiva: Además, fomentaremos la creación de nuevos sectores con alto valor añadido. Se ofrecerán incentivos fiscales y apoyo a emprendedores para diversificar la economía más allá del turismo. El Estado actuará también como inversor en startups tecnológicas, energías limpias e innovación, devolviendo parte de los beneficios a las propias empresas para reinvertir en I+D y capital humano.
- Universidades e innovación: Potenciaremos el vínculo universidad–empresa, siguiendo ejemplos de países avanzados donde la investigación superior impulsa la innovación industrial. Se implementarán programas de retención de talento (becas, proyectos atractivos) y se reinvertirá parte de los ingresos en las instituciones de investigación, reforzando así el motor innovador del país.
Con estas medidas, el sector público pierde cargas improductivas y se convierte en fuente de financiación complementaria para el bienestar. Al impulsar entidades fuertes y eficientes, se eleva la PTF nacional y mejora la calidad del servicio público.
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Responsabilidad total en las ayudas al sector privado.
Cláusula de reembolso en rescates públicos
Para proteger al contribuyente, las ayudas estatales llevarán obligación de devolución futura. Es decir, cualquier rescate (préstamos blandos, avales, condonaciones) incluirá un compromiso jurídico de reintegro si la empresa beneficiaria recupera beneficios.
De esta manera:
- Mecanismo legal: Incorporaremos a la Constitución una cláusula de responsabilidad fiscal que exija devolver los fondos públicos cuando las empresas rescatadas alcancen rentabilidad. Así se desincentiva la mala gestión y el oportunismo empresarial (sabiendo que deberán reintegrar lo recibido).
- Fondo de garantía: Los reembolsos de esas ayudas alimentarán un fondo público de garantía, orientado a inversiones sociales prioritarias. Este mecanismo se inspira en las directrices de la UE, que ya prevén para ayudas en crisis que el Estado reciba “una proporción razonable de las ganancias futuras” de la empresa en relación con los fondos inyectados.
Formalizando este principio, blindamos las finanzas públicas ante eventuales «rescate y olvido».
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supervisión y auditoría independiente
Respeto al erario público
Reforzaremos la rendición de cuentas en todo momento. Junto a la cláusula de reembolso, implementaremos mecanismos estrictos de control:
- Control parlamentario: Todo rescate o subvención estatales deberá ser debidamente informado al Parlamento, con informes regulares y debates públicos sobre su ejecución.
- Auditorías externas: Las ayudas y gastos se someterán a auditoría independiente (como recomienda la OCDE para las SOEs, con estándares de auditoría profesional). Cada euro de fondos públicos será revisado, y los resultados se publicarán para garantizar transparencia total.
- Cero impunidad: Estableceremos sanciones claras por malversación o uso indebido de recursos. En un sector público responsable al 100% no habrá lugar para la corrupción: los directivos públicos responderán legalmente si incumplen la devolución o destinan indebidamente los rescates, tal como demandan los estándares internacionales de buen gobierno.
Eje estratégico
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Administración digital y simplificada
Una burocracia moderna y accesible para todos
Reduciremos los trámites administrativos innecesarios y aprovecharemos las TIC para hacer la gestión pública más ágil y transparente. Siguiendo el ejemplo de Estonia y otros líderes en gobierno electrónico, desarrollaremos servicios online integrados y fáciles de usar: identificación única, firma digital y ventanilla única nacional. Desplegaremos servicios integrados, eficientes y fáciles de usar. Por ejemplo, Estonia logró digitalizar el 100% de sus servicios públicos (hasta los divorcios pueden tramitarse en línea), con lo que se ahorra tiempo y recursos.
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Simplificación y digitalización administrativa
Menos papel, más eficiencia.
- Auditoría de procedimientos: Iniciaremos un diagnóstico de todos los trámites para eliminar pasos redundantes. Cualquier gestión (impuestos, ayudas sociales, licencias, etc.) se reevaluará para agilizarla o unificarla.
- Plataformas integradas: Implementaremos un portal ciudadano único nacional, compatible con móviles y web, donde se puedan completar en línea trámites de distintas administraciones a la vez. Se reforzará la firma digital y la identificación única. Siguiendo el ejemplo estonio (sistema X-Road de intercambio de datos, adoptado por 25 países), conectaremos las bases de datos sanitarias, educativas y administrativas de las comunidades para que funcionen como una sola red de información. Esto permitirá, por ejemplo, que un certificado de nacimiento sirva automáticamente para registro escolar y seguridad social. La interoperabilidad de datos, clave en la agenda digital europea, facilita la eficiencia y reduce costes administrativos.
- Medición de eficiencia: Cada mejora se cuantificará: reduciremos drásticamente los tiempos de espera y el uso de papel, estableciendo indicadores públicos de éxito (por ejemplo, minutos de espera eliminados, horas-persona ahorradas). En Estonia ya constatan ahorros de tiempo y costos tanto para ciudadanos como gobierno, e incluso más de la mitad de sus votantes (53%) eligen votar electrónicamente.
Con estas medidas, liberaremos recursos públicos y haremos mucho más cómoda la relación diaria de las personas con las administraciones.
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Responsabilidad fiscal y participación ciudadana
Mayor transparencia y voz ciudadana en las decisiones económicas.
La gestión económica pública será plenamente transparente y participativa. En lugar de decisiones a puerta cerrada, el ciudadano tendrá voz y herramientas concretas:
- Presupuesto participativo: Aplicaremos modelos de participación ciudadana en el proceso presupuestario a todos los niveles (nacional, autonómico, local). Corea del Sur, por ejemplo, ya implementa un Presupuesto Ciudadano Participativo que permite a la población opinar en cada fase presupuestaria (desde la preparación hasta la rendición de cuentas). Siguiendo ese camino, se realizarán consultas y audiencias públicas (tanto presenciales como on-line) para que los contribuyentes determinen prioridades sociales y evalúen el gasto.
- Transparencia fiscal: Vincularemos impuestos y gasto de forma clara. Publicaremos portales presupuestarios abiertos donde se asocien partidas de gasto con tributos específicos. Además, se impulsará la educación fiscal para que cada ciudadano comprenda cómo se emplean sus impuestos.
- Supervisión continua: Los gestores económicos rendirán cuentas periódicamente ante los ciudadanos. Fomentaremos organizaciones de la sociedad civil que fiscalicen el uso de fondos y promuevan informes de transparencia. Cada euro destinado a rescates o subvenciones estará justificado y sujeto a escrutinio social.
Con estos mecanismos digitales y participativos, mejorará la calidad democrática y la responsabilidad pública. Se premiará además a las administraciones que eviten duplicidades institucionales y ahorren costes (p. ej., aquellas que unifiquen bases de datos o procesos), lo que será un KPI adicional de eficiencia
KPIs claros y medibles de éxito
Estos KPIs permitirán ajustar periódicamente las políticas y garantizar que cada acción mejore concretamente la eficiencia económica y el bienestar social.
KPI estrella (North Star)
- Productividad Total de Factores (PTF): Será nuestro North Star KPI, porque refleja la eficiencia global de la economía (producto por unidad de trabajo+capital)Un crecimiento sostenido de la PTF indicará mayor innovación y mejor uso de recursos.
KPIs positivos (a incentivar y maximizar)
- Crecimiento de exportaciones: El aumento de exportaciones netas medirá la competitividad internacional y diversificación de la producción.
- PIB per cápita real: Evaluará el bienestar económico de los ciudadanos.
- Deuda pública neta: Su reducción progresiva asegurará la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
- Satisfacción del contribuyente: Se harán encuestas periódicas sobre la percepción de la calidad de los servicios públicos, vinculando gasto con satisfacción ciudadana.
KPIs negativos (a reducir de forma sostenida)
- Brecha autonómica normativa: Mediremos la divergencia legislativa y de procedimientos entre comunidades, penalizando con indicadores a quienes generen cargas administrativas extras.
- Déficit fiscal estructural: El desequilibrio permanente entre ingresos y gastos públicos se considerará un fracaso de gestión.
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