Programa
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Justicia y derecho
JUSTICIA y
Derecho
Una justicia independiente, eficaz y al servicio de la ciudadanía
La justicia en España es una de las instituciones que genera más debate y preocupación entre la ciudadanía. Diversos estudios y encuestas de opinión pública reflejan una percepción crítica del sistema, señalando una serie de problemas estructurales y sistémicos que afectan su eficiencia, imparcialidad y accesibilidad. A continuación, se detallan las principales preocupaciones y deficiencias, así como las propuestas de reforma:
Ejes estratégicos
Eje estratégico
1
Independencia y transparencia judicial
Fortalecimiento de la Independencia Judicial
La independencia judicial es la piedra angular de un sistema de justicia justo y confiable. En España, la baja valoración de la independencia judicial entre la ciudadanía y las empresas es una preocupación constante, a menudo atribuida a la interferencia política en el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la percepción de "puertas giratorias". Este principio es crucial para preservar el estado de derecho, proteger los valores democráticos y fomentar la confianza pública en las instituciones. La justicia no solo debe ser independiente: debe parecerlo.
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Reforma del Sistema de Nombramiento del CGPJ
Consejo de la Judicatura imparcial y meritocrático.
España debería reformar el proceso de nombramiento de los vocales del CGPJ. Es crucial que los jueces sean elegidos por sus pares para reducir la influencia política y fortalecer la percepción de imparcialidad.
Como en el modelo italiano o francés, donde la mayoría de vocales del consejo judicial son jueces elegidos por sus pares, y se publican convocatorias y puntuaciones. Así se limita la politización y se fortalece la garantía de imparcialidad en la carrera.Debe de establecerse explícitamente en la Constitución la independencia de los tribunales como en la constitución sueca (Instrumento de Gobierno), prohibiendo la interferencia del Parlamento, el Gobierno o cualquier agencia gubernamental en las decisiones judiciales individuales. Los jueces son nombrados buscando asegurar nombramientos basados en el mérito. La seguridad en el cargo es robusta, con destituciones solo posibles bajo circunstancias graves y específicas.
Aunque los tribunales deben estar bajo la administración del Ministerio de Justicia y la Administración Nacional de Tribunales, esta supervisión es operativa y no influye en las decisiones judiciales. Los Defensores del Pueblo Parlamentarios actúan como un mecanismo de supervisión externa, asegurando que las autoridades públicas, incluidos los tribunales, cumplan con la ley.
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Independencia administrativa del Poder Judicial
Autonomía para decidir, eficiencia para funcionar
Establecer órganos administrativos judiciales con mayor autonomía, siguiendo el ejemplo de Dinamarca o Suecia, donde la Administración de Tribunales gestiona presupuestos, infraestructura y sistemas de TIC sin injerencia del Ministerio de Justicia. Esto optimizaría la eficiencia sin comprometer la independencia.
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Regulación de "Puertas Giratorias”
La toga no es un trampolín
Implantar reglas estrictas que impidan que jueces, magistrados o fiscales ocupen cargos políticos o de gran influencia financiera inmediatamente después de dejar la judicatura (periodos de “enfriamiento”). También restringir que altos cargos públicos asuman posiciones judiciales sin transparencia. Obligatoria declaración jurada de bienes y vínculos (a imagen de otros altos funcionarios) permitiría conocer y prevenir conflictos de interés.
4
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Transparencia y rendición de cuentas
Datos abiertos y supervisión externa.
Publicar de forma proactiva información relevante: biografías completas y currículos de jueces, agenda pública de audiencias, estadísticas de funcionamiento de tribunales (tasas de resolución, plazo medio de juicios), y los gastos del Poder Judicial. Iniciativas similares en el Reino Unido y Escandinavia han demostrado que el acceso ciudadano a estos datos refuerza la confianza institucional.
Paralelamente, crear un mecanismo independiente (por ejemplo, un comisionado judicial o juntas de jueces pares) para tramitar quejas ciudadanas y evaluar el desempeño judicial. La rendición de cuentas disciplinaria debe ser transparente y rápida, de modo que los ciudadanos vean que los jueces responden por posibles negligencias o irregularidades.
Eje estratégico
2
Eficiencia y modernización
Una justicia ágil, digital y centrada en resolver conflictos de forma efectiva.
La lentitud de los procesos judiciales y la sobrecarga de trabajo son problemas crónicos en España, con retrasos que pueden extenderse por años. La digitalización es clave para mejorar la eficiencia y la transparencia.
5
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Expediente judicial electrónico integral
Digitalización total de procesos.
Inspirarse en la experiencia de Estonia, que cuenta con un sistema electrónico único (e-File) que interconecta juzgados, policías y fiscales. Proponemos implantar una plataforma nacional donde cada expediente se gestione digitalmente desde su inicio: presentación de demandas, notificaciones, diligencias y sentencias se tramiten por vía telemática con firma electrónica. En el modelo estonio “solo se ingresa la información una vez”, ahorrando tiempo y costes administrativos; todas las partes pueden seguir en línea el estado del caso. Esta interoperabilidad acelera la instrucción y evita errores de duplicidad.Acelerar la implementación de un sistema de justicia electrónica permite la comunicación electrónica 24/7 y la entrada única de datos, reduciendo drásticamente los tiempos de procesamiento. Los Países Bajos han digitalizado el 98% de los expedientes penales y permiten audiencias en línea.
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IA para la gestión de casos y redacción de sentencias
Automatizar lo repetitivo para centrarse en lo esencial
Adoptar soluciones de IA para gestionar grandes volúmenes de datos y acelerar la resolución de casos, como se hace en Alemania con OLGA (para categorización y extracción de metadatos) y Frauke (para redacción de sentencias en casos repetitivos). Singapur también utiliza IA para resúmenes de casos, recopilación de pruebas y optimización de la programación.
7
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Tribunales especializados y turnos extendidos
Descongestión con la Especialización. resolver antes y mejor.
Crear tribunales especializados (familia, lo mercantil, penal económico, violencia de género, etc.) con jueces dedicados y equipos propios. En paralelo, habilitar juzgados de guardia o turnos ampliados (tarde/noche y fin de semana) para asuntos urgentes. Algunos países aplican “green courts” o “night courts” para casos sencillos, reservando la jornada normal a procesos de mayor cuantía. Esta división temática y horaria reduce las colas procesales y permite dictar sentencias más rápidamente en cada materia.Reestructurando y especializando los tribunales, podremos continuar y fortalecer la reforma de los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los Municipios , inspirándose en la fusión de tribunales en Suecia y Dinamarca para crear órganos más grandes y eficientes. Fomentar la especialización de los juzgados para mejorar la calidad y agilidad de las resoluciones.
8
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Audiencias y notificaciones telemáticas
Tribunales conectados con la ciudadanía
Generalizar las vistas y comparecencias por videoconferencia (ya usadas en muchos países durante la pandemia) para asuntos no complejos o preliminares. Habilitar notificaciones electrónicas automáticas (correo certificado digital y SMS) para que abogados y justiciables reciban al instante citaciones y resoluciones.
Esta flexibilidad digital (incluyendo salas virtuales permanentes en los juzgados) descongestiona instalaciones y reduce desplazamientos, acelerando la gestión de audiencias.
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Interoperabilidad administrativa
Conexión entre Justicia y otras entidades.
Desarrollar servicios seguros de intercambio de datos (similar al “X-Road” de Estonia e-estonia.com) que permitan a los tribunales consultar de oficio registros civiles, registrales, mercantiles, policiales y tributarios. De esta forma se evita solicitar nuevamente información que el Estado ya tiene (p.ej. listados de bienes en el catastro o antecedentes penales automáticos), agilizando diligencias como embargos o verificaciones de identidad. Un canal seguro de datos compartidos simplifica la fase probatoria y reduce la carga burocrática de jueces y funcionarios.
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Cierre de la brecha digital en el acceso
Asegurar que la digitalización de la justicia no excluya a nadie.
Esto implica invertir en formación en competencias digitales para la ciudadanía y garantizar que las plataformas sean accesibles y fáciles de usar, con soporte multicanal. Implementar programas de "asistencia digital" y asegurar que los servicios en línea sean accesibles para todos los ciudadanos, especialmente para personas mayores o con discapacidades, como se ha hecho en el Reino Unido. Esto incluye la optimización para dispositivos móviles y la disponibilidad de soporte multicanal (presencial, telefónico, online).
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Simplificación procesal y gestión activa de los casos
Menos trámites, más justicia
Empoderar a los jueces para una gestión activa de los casos, asegurando que los procedimientos se concluyan en plazos razonables, como en Noruega. Simplificar la legislación procesal para eliminar duplicidades y agilizar trámites. La fragmentación de macro-causas, cuando sea posible, puede acelerar los procedimientos.
Eje estratégico
3
Promoción de métodos alternativos de resolución de disputas (MASC)
Soluciones rápidas, económicas y menos conflictivas.
Los MASC son herramientas esenciales para descongestionar los tribunales, ofreciendo soluciones más rápidas, económicas y menos conflictivas. La Ley 1/2025 en España introduce la obligatoriedad de los MASC, pero su implementación presenta desafíos como la prueba de la negociación y la uniformidad de criterios.
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Métodos alternativos de resolución de conflictos (MASC)
Resolver conflictos sin llegar a juicio
Fomentar e incluso exigir el uso de mediación, conciliación o arbitraje antes de acudir a juicio, tal como sucede en muchos países de la UE.
Por ejemplo, Francia e Italia incentivan la mediación civil previa al juicio y Portugal ofrece centros públicos de mediación. La evidencia indica que ampliar los servicios de justicia alternativa disminuye los conflictos judiciales y ahorra recursos (cada dólar invertido en mediación puede generar retornos de hasta 16 dólares).
La implantación sistemática de estos métodos reduciría drásticamente la litigiosidad ordinaria, liberando tiempo de los tribunales para casos complejos.Desarrollar un marco legal y reglamentario que proporcione claridad sobre la obligatoriedad de los MASC, la validez de las comunicaciones electrónicas y los criterios de verificación judicial, para evitar la inseguridad jurídica y nuevos litigios.
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Plataformas Digitales para MASC
Mediación accesible y segura para resolver conflictos
Crear plataformas digitales seguras y fáciles de usar para la mediación, conciliación y otros MASC, que faciliten el proceso y la prueba de los intentos de negociación. El marco de la UE ya promueve la digitalización para crear procesos de ADR fluidos.
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Incentivos y concienciación
Premiar el acuerdo, no el conflicto
Implementar incentivos para que las partes utilicen los MASC, como la imposición de costas a quien rechace una oferta razonable y luego obtenga una sentencia menos favorable. Promover campañas de concienciación pública sobre los beneficios de los MASC.
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Especialización de Profesionales de MASC
resolver conflictos necesita de Profesionales preparados
Fomentar la formación y especialización de mediadores y conciliadores, siguiendo el modelo de Nueva York, donde los mediadores son profesionales capacitados que ayudan a las partes a negociar.
Eje estratégico 4
X
Acceso a la justicia
Un sistema más cercano, comprensible y equitativo para todas las personas.
Garantizar el derecho a la justicia implica eliminar barreras económicas, lingüísticas y culturales. Este bloque propone ampliar la asistencia jurídica gratuita, simplificar el lenguaje judicial, e incorporar formación básica sobre derechos en la educación y en campañas públicas. Se trata de acercar la justicia a la ciudadanía para que cualquier persona pueda comprenderla y ejercerla.
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Asistencia jurídica gratuita reforzada
Cobertura ampliada y simplificación de trámites.
Tomando como base el sólido sistema español, se propone extender la asistencia legal gratuita a casos civiles de alto impacto (violencia doméstica, desahucios, inmigración, etc.) y eliminar barreras económicas. Por ejemplo, en algunos países los colectivos vulnerables (víctimas de violencia o inmigrantes) reciben ayuda jurídica automáticamente. Ampliar la representación legal a los más necesitados contribuye a reducir desigualdades sociales y evita consecuencias graves (bancarrota, violencia o exclusión) al resolver pronto los conflictos legales.
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Lenguaje judicial claro
Notificaciones y sentencias comprensibles para el ciudadano.
Establecer directrices obligatorias de “lenguaje claro” en todos los documentos y actuaciones judiciales. Iniciativas similares en Iberoamérica (Chile, Argentina, Uruguay, México, Portugal) han impulsado normas para redactar con vocabulario sencillo. En España la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia ya consagra el derecho a recibir notificaciones y resoluciones con términos comprensibles.
Adoptar estas buenas prácticas (uso de sintaxis simple, glosarios de términos técnicos y explicaciones breves) mejora la transparencia y la confianza, al facilitar que la ciudadanía entienda el proceso judicial.
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Educación jurídica básica
Formación y recursos informativos para la ciudadanía.
Incluir contenidos sobre derechos civiles y mecanismos judiciales en la educación obligatoria y en campañas públicas. Varios estudios destacan que capacitar a las personas para resolver sus propios problemas legales (por ejemplo, enseñándoles cuándo acudir a mediación o juzgados) fortalece el acceso a la justicia.
Programas de “alfabetización legal” (en Finlandia y otros países europeos) han mostrado que los ciudadanos informados generan menos litigios y perciben mayor legitimidad del sistema. Difundir información básica (vía Internet, oficinas de ayuda al ciudadano, mediación escolar) empodera a la población para ejercer sus derechos y previene conflictos legales innecesarios.
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Financiación robusta y sostenible de la asistencia legal
Garantizar la justicia también es financiarla
Asegurar una financiación adecuada y a largo plazo para la asistencia jurídica gratuita, indexándola a las condiciones económicas y simplificando los flujos de financiación, como se ha hecho en Australia con una inversión significativa.
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Diversificación de modelos de asistencia legal
Más recursos, mejor acceso a la justicia
Explorar la combinación de abogados de planta con la colaboración de abogados privados y el uso de personal no abogado (como trabajadores de admisión o paralegales) para tareas de apoyo y orientación, siguiendo el modelo canadiense.
Eje estratégico 5
X
Recursos humanos y formación
Invertir en quienes hacen posible la justicia
Invertir en las personas que hacen posible la justicia.
La calidad de la justicia depende del talento, la formación y las condiciones laborales de quienes la integran. Este bloque plantea aumentar plantillas, mejorar salarios y condiciones de trabajo, y apostar por la especialización y evaluación continua. Una justicia moderna necesita profesionales motivados, bien preparados y con medios suficientes para desempeñar su labor.
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Refuerzo de plantillas
Más jueces, fiscales y personal de apoyo.
Aumentar el número de magistrados hasta aproximar la media europea. El CEPEJ indica que España cuenta hoy unos 11,9 jueces por cada 100.000 habitantes, menos de la mitad de la media de la UE (22,9), mientras tiene un elevado número de funcionarios judiciales por juez.
Se debe invertir en contratar más jueces y fiscales para compensar cargas de trabajo, así como auxiliar abogados/asistentes procesales (repartiendo tareas administrativas). A mayor número de jueces especializados por habitantes, se acortan los plazos de los juicios y mejora la calidad de la justicia.
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Mejora de condiciones laborales
Salarios e incentivos competitivos.
Elevar las retribuciones de la carrera judicial para equipararlas a estándares europeos, de modo que ser juez o fiscal sea una carrera atractiva. Introducir complementos salariales por destino (en zonas rurales o conflictivas) y reforzar la conciliación laboral (teletrabajo parcial para investigación, flexibilidad familiar).
Ampliar el presupuesto en medios materiales (nuevas sedes, salas de audiencia modernas, bibliotecas jurídicas actualizadas). Garantizar estabilidad y carrera clara (p.ej. ascensos por méritos y antigüedad previsible) fomentará la profesionalización a largo plazo.
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Especialización y evaluación
Carreras temáticas y formación continua.
Incentivar que jueces y fiscales elijan especialidades (tecnología, medio ambiente, criminalidad organizada, familia, etc.) mediante convocatorias internas y formación dirigida. Copiar modelos como el alemán (diferenciando tribunales de instancia y apelación) o el británico (tribunales de familia/mercantiles). Promover la creación de plazas específicas para especialistas y otorgar horas anuales obligatorias de actualización (por ejemplo, una vez al año curso obligatorio de la Escuela Judicial). Estudios europeos resaltan que la capacitación permanente en nuevas áreas (Digitalización del derecho, jurisprudencia europea, técnicas de mediación) eleva la calidad de la judicatura. Además, establecer métricas de desempeño (encuestas de satisfacción, plazos promedios, índices de revisión) permitirá evaluar periódicamente a los tribunales e impulsar mejoras donde se detecten cuellos de botella.
Eje estratégico 6
X
Ejecución de sentencias y grandes procesos
Reforzar la confianza ciudadana
Una sentencia justa solo es efectiva si se cumple con rapidez y claridad. Este bloque propone agilizar la ejecución de fallos, crear tribunales especializados en corrupción, y garantizar la transparencia en los casos de alto impacto social. La ciudadanía recupera la confianza cuando ve que la justicia actúa con firmeza, independencia y resultados tangibles.
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Agilización de la ejecución forzosa
Eficacia en el cumplimiento de fallos.
Reforzar las Oficinas de Ejecución con personal especializado (incluyendo juristas y técnicos informáticos) y dotarlas de herramientas digitales (seguimiento automático de embargos, subastas electrónicas, SMS de notificación a condenados). Por ejemplo, modelos como las “task forces” de ejecución de EE. UU. agilizan desahucios y embargos. En casos civiles y laborales, plazos cortos obligatorios y penalizaciones por demoras (multas a partes retardatarias) asegurarían que las sentencias no queden estancadas.
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Tribunales anticorrupción especializados
Tribunales dedicados a grandes casos de corrupción.
Seguir ejemplos internacionales (p.ej. Filipinas, Croacia, Tailandia, Uganda) que han establecido cortes o cámaras especializadas anticorrupción.
Estos tribunales concentran experiencia en delitos económicos y suelen contar con recursos adicionales. Las jurisdicciones especializadas permiten resolver casos complejos de forma más expedita, al reducir la dispersión de cargas de trabajo.
Además, al estar estructuradas como órganos autónomos, ofrecen mayor garantía de imparcialidad y resistencia a presiones, fortaleciendo la confianza ciudadana en la transparencia del proceso.
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Transparencia en macroprocesos
Visibilidad y comunicación pública.
Asegurar que los juicios de alto perfil (p. ej. grandes casos de corrupción o financiamiento ilegal) sean públicos y debidamente explicados a la sociedad.
Se recomienda difundir en medios o Internet la secuencia de avances (como ya ocurre en algunos casos mediáticos) y publicar las resoluciones completas con resúmenes accesibles.
Mantener informada a la ciudadanía (con lenguaje claro) sobre el estado de estos procedimientos refuerza la percepción de imparcialidad. Por ejemplo, en otros países se realizan jornadas de puertas abiertas o se emiten en directo determinadas audiencias (respetando la ley), para evidenciar la independencia judicial.
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Fomento de la confianza ciudadana
Participación y satisfacción como indicadores
Implementar encuestas periódicas de opinión (al estilo Eurobarómetro) para medir la percepción ciudadana sobre la imparcialidad y eficacia de la justicia.
Utilizar estos datos para diseñar campañas de difusión de logros judiciales (número de sentencias ejecutadas, luchas contra la corrupción resueltas, etc.) Promover la participación ciudadana mediante foros de sugerencias en portales de justicia y la inclusión de ONGs especializadas (transparencia, derechos humanos) en comités asesores.
Estas medidas transparentes y participativas han mostrado en otros sistemas mejorar la valoración pública del sistema judicial.
KPIs claros y medibles de éxito
Los indicadores son la brújula del sistema de medio ambiente y energía: permiten saber si las políticas públicas mejoran realmente la resiliencia del sistema, la seguridad del suministro, la independencia energética y la protección del entorno y de las personas, identificar debilidades estructurales y decidir qué medidas deben corregirse, reforzarse o sustituirse.
Proponemos un marco de KPIs de medio ambiente y energía cuantitativos, comparables y públicos, articulado en torno a una única North Star KPI , el Índice Compuesto de Resiliencia Energética y Ambiental (ICREA), que sintetiza el objetivo principal del programa: garantizar un sistema energético y ambiental resiliente, seguro e independiente que proteja vidas, reduzca emisiones y asegure bienestar a largo plazo.Este indicador central se complementa con:
- KPIs positivos, que recogen los resultados que queremos impulsar (estabilidad eléctrica, reducción de emisiones, autonomía energética, prevención de desastres, mejora ambiental).
- KPIs negativos, que identifican los problemas estructurales que deben reducirse de forma sostenida (apagones, dependencia exterior, incendios forestales, víctimas por eventos climáticos, degradación ambiental).
Cada KPI contará con:
- una definición operativa clara,
- una fuente de datos identificada (Red Eléctrica de España, operadores del sistema, INE, AEMET, ministerios competentes, organismos independientes y organismos internacionales),
- una frecuencia de medición definida (mensual, trimestral o anual),
- y un responsable institucional claramente asignado, con supervisión independiente.
Se establecerán líneas base durante el primer trimestre tras la implantación de las medidas y metas evaluables por legislatura (4 años), con revisiones públicas anuales.
Si una política de medio ambiente y energía no muestra mejoras medibles en los indicadores definidos dentro del plazo previsto, deberá revisarse, corregirse o sustituirse, garantizando una gestión pública basada en evidencia, resultados y protección efectiva de la ciudadanía.
KPI estrella (North Star)
Confianza ciudadana en el sistema de justicia
Percepción agregada de imparcialidad, eficacia y accesibilidad de la justicia (encuestas periódicas tipo Eurobarómetro + encuestas nacionales).
Resume todo el programa: independencia, rapidez, acceso y resultados visibles.
KPIs positivos (a incentivar y maximizar)
- Tiempo medio de resolución judicialDuración promedio de los procedimientos por jurisdicción y tipo de caso.
- Tasa de ejecución efectiva de sentenciasPorcentaje de sentencias ejecutadas íntegramente dentro del plazo legal.
- Índice de independencia judicial percibidaValoración ciudadana y empresarial sobre la ausencia de interferencias políticas.
- Porcentaje de casos resueltos sin juicio (MASC)Proporción de conflictos solucionados mediante mediación, conciliación o arbitraje.
- Satisfacción de usuarios del sistema de justiciaValoración de ciudadanos, abogados y profesionales sobre claridad, trato y accesibilidad.
- Nivel de digitalización judicial efectivaPorcentaje de expedientes tramitados íntegramente de forma digital y sin duplicidades.
- Carga media de trabajo por juezNúmero de asuntos activos por juez ajustado por especialidad.
- Porcentaje de audiencias telemáticas realizadas con éxitoAudiencias celebradas sin incidencias técnicas ni suspensiones.
- Acceso efectivo a la asistencia jurídica gratuitaPorcentaje de solicitudes resueltas favorablemente y en plazo.
- Especialización profesional de jueces y fiscalesPorcentaje de profesionales adscritos a jurisdicciones especializadas con formación específica.
KPIs negativos (a reducir de forma sostenida)
Tasa de retrasos judicialesPorcentaje de procedimientos que superan los plazos razonables establecidos.
- Volumen de asuntos pendientes acumuladosStock de casos sin resolver por jurisdicción.
- Percepción de politización de la justiciaPorcentaje de encuestados que consideran que la justicia no es independiente.
- Casos anulados por defectos procesalesIndicador de mala gestión procesal o excesiva complejidad normativa.
- Litigiosidad evitableCasos que podrían haberse resuelto mediante MASC o acuerdos previos.
- Brecha de acceso a la justiciaDiferencias en acceso efectivo según renta, territorio o vulnerabilidad.
- Rotación no deseada de jueces y personal judicialSalidas por desmotivación, sobrecarga o malas condiciones laborales.
- Suspensiones de vistas por causas organizativasAudiencias canceladas por falta de medios, agenda o notificaciones fallidas.
- Conflictos de interés detectadosCasos identificados de incompatibilidades o “puertas giratorias”.
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Justicia y derecho
JUSTICIA y
Derecho
Una justicia independiente, eficaz y al servicio de la ciudadanía
La justicia en España es una de las instituciones que genera más debate y preocupación entre la ciudadanía. Diversos estudios y encuestas de opinión pública reflejan una percepción crítica del sistema, señalando una serie de problemas estructurales y sistémicos que afectan su eficiencia, imparcialidad y accesibilidad. A continuación, se detallan las principales preocupaciones y deficiencias, así como las propuestas de reforma:
Ejes estratégicos
Eje estratégico
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Independencia y transparencia judicial
Fortalecimiento de la Independencia Judicial
La independencia judicial es la piedra angular de un sistema de justicia justo y confiable. En España, la baja valoración de la independencia judicial entre la ciudadanía y las empresas es una preocupación constante, a menudo atribuida a la interferencia política en el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la percepción de "puertas giratorias". Este principio es crucial para preservar el estado de derecho, proteger los valores democráticos y fomentar la confianza pública en las instituciones. La justicia no solo debe ser independiente: debe parecerlo.
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Reforma del Sistema de Nombramiento del CGPJ
Consejo de la Judicatura imparcial y meritocrático.
España debería reformar el proceso de nombramiento de los vocales del CGPJ. Es crucial que los jueces sean elegidos por sus pares para reducir la influencia política y fortalecer la percepción de imparcialidad.
Como en el modelo italiano o francés, donde la mayoría de vocales del consejo judicial son jueces elegidos por sus pares, y se publican convocatorias y puntuaciones. Así se limita la politización y se fortalece la garantía de imparcialidad en la carrera.Debe de establecerse explícitamente en la Constitución la independencia de los tribunales como en la constitución sueca (Instrumento de Gobierno), prohibiendo la interferencia del Parlamento, el Gobierno o cualquier agencia gubernamental en las decisiones judiciales individuales. Los jueces son nombrados buscando asegurar nombramientos basados en el mérito. La seguridad en el cargo es robusta, con destituciones solo posibles bajo circunstancias graves y específicas.
Aunque los tribunales deben estar bajo la administración del Ministerio de Justicia y la Administración Nacional de Tribunales, esta supervisión es operativa y no influye en las decisiones judiciales. Los Defensores del Pueblo Parlamentarios actúan como un mecanismo de supervisión externa, asegurando que las autoridades públicas, incluidos los tribunales, cumplan con la ley.
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Independencia administrativa del Poder Judicial
Autonomía para decidir, eficiencia para funcionar
Establecer órganos administrativos judiciales con mayor autonomía, siguiendo el ejemplo de Dinamarca o Suecia, donde la Administración de Tribunales gestiona presupuestos, infraestructura y sistemas de TIC sin injerencia del Ministerio de Justicia. Esto optimizaría la eficiencia sin comprometer la independencia.
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Regulación de "Puertas Giratorias”
La toga no es un trampolín
Implantar reglas estrictas que impidan que jueces, magistrados o fiscales ocupen cargos políticos o de gran influencia financiera inmediatamente después de dejar la judicatura (periodos de “enfriamiento”). También restringir que altos cargos públicos asuman posiciones judiciales sin transparencia. Obligatoria declaración jurada de bienes y vínculos (a imagen de otros altos funcionarios) permitiría conocer y prevenir conflictos de interés.
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Transparencia y rendición de cuentas
Datos abiertos y supervisión externa.
Publicar de forma proactiva información relevante: biografías completas y currículos de jueces, agenda pública de audiencias, estadísticas de funcionamiento de tribunales (tasas de resolución, plazo medio de juicios), y los gastos del Poder Judicial. Iniciativas similares en el Reino Unido y Escandinavia han demostrado que el acceso ciudadano a estos datos refuerza la confianza institucional.
Paralelamente, crear un mecanismo independiente (por ejemplo, un comisionado judicial o juntas de jueces pares) para tramitar quejas ciudadanas y evaluar el desempeño judicial. La rendición de cuentas disciplinaria debe ser transparente y rápida, de modo que los ciudadanos vean que los jueces responden por posibles negligencias o irregularidades.
Eje estratégico
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Eficiencia y modernización
Una justicia ágil, digital y centrada en resolver conflictos de forma efectiva.
La lentitud de los procesos judiciales y la sobrecarga de trabajo son problemas crónicos en España, con retrasos que pueden extenderse por años. La digitalización es clave para mejorar la eficiencia y la transparencia.
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Expediente judicial electrónico integral
Digitalización total de procesos.
Inspirarse en la experiencia de Estonia, que cuenta con un sistema electrónico único (e-File) que interconecta juzgados, policías y fiscales. Proponemos implantar una plataforma nacional donde cada expediente se gestione digitalmente desde su inicio: presentación de demandas, notificaciones, diligencias y sentencias se tramiten por vía telemática con firma electrónica. En el modelo estonio “solo se ingresa la información una vez”, ahorrando tiempo y costes administrativos; todas las partes pueden seguir en línea el estado del caso. Esta interoperabilidad acelera la instrucción y evita errores de duplicidad.Acelerar la implementación de un sistema de justicia electrónica permite la comunicación electrónica 24/7 y la entrada única de datos, reduciendo drásticamente los tiempos de procesamiento. Los Países Bajos han digitalizado el 98% de los expedientes penales y permiten audiencias en línea.
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IA para la gestión de casos y redacción de sentencias
Automatizar lo repetitivo para centrarse en lo esencial
Adoptar soluciones de IA para gestionar grandes volúmenes de datos y acelerar la resolución de casos, como se hace en Alemania con OLGA (para categorización y extracción de metadatos) y Frauke (para redacción de sentencias en casos repetitivos). Singapur también utiliza IA para resúmenes de casos, recopilación de pruebas y optimización de la programación.
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Tribunales especializados y turnos extendidos
Descongestión con la Especialización. resolver antes y mejor.
Crear tribunales especializados (familia, lo mercantil, penal económico, violencia de género, etc.) con jueces dedicados y equipos propios. En paralelo, habilitar juzgados de guardia o turnos ampliados (tarde/noche y fin de semana) para asuntos urgentes. Algunos países aplican “green courts” o “night courts” para casos sencillos, reservando la jornada normal a procesos de mayor cuantía. Esta división temática y horaria reduce las colas procesales y permite dictar sentencias más rápidamente en cada materia.Reestructurando y especializando los tribunales, podremos continuar y fortalecer la reforma de los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los Municipios , inspirándose en la fusión de tribunales en Suecia y Dinamarca para crear órganos más grandes y eficientes. Fomentar la especialización de los juzgados para mejorar la calidad y agilidad de las resoluciones.
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Audiencias y notificaciones telemáticas
Tribunales conectados con la ciudadanía
Generalizar las vistas y comparecencias por videoconferencia (ya usadas en muchos países durante la pandemia) para asuntos no complejos o preliminares. Habilitar notificaciones electrónicas automáticas (correo certificado digital y SMS) para que abogados y justiciables reciban al instante citaciones y resoluciones.
Esta flexibilidad digital (incluyendo salas virtuales permanentes en los juzgados) descongestiona instalaciones y reduce desplazamientos, acelerando la gestión de audiencias.
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Interoperabilidad administrativa
Conexión entre Justicia y otras entidades.
Desarrollar servicios seguros de intercambio de datos (similar al “X-Road” de Estonia e-estonia.com) que permitan a los tribunales consultar de oficio registros civiles, registrales, mercantiles, policiales y tributarios. De esta forma se evita solicitar nuevamente información que el Estado ya tiene (p.ej. listados de bienes en el catastro o antecedentes penales automáticos), agilizando diligencias como embargos o verificaciones de identidad. Un canal seguro de datos compartidos simplifica la fase probatoria y reduce la carga burocrática de jueces y funcionarios.
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Cierre de la brecha digital en el acceso
Asegurar que la digitalización de la justicia no excluya a nadie.
Esto implica invertir en formación en competencias digitales para la ciudadanía y garantizar que las plataformas sean accesibles y fáciles de usar, con soporte multicanal. Implementar programas de "asistencia digital" y asegurar que los servicios en línea sean accesibles para todos los ciudadanos, especialmente para personas mayores o con discapacidades, como se ha hecho en el Reino Unido. Esto incluye la optimización para dispositivos móviles y la disponibilidad de soporte multicanal (presencial, telefónico, online).
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Simplificación procesal y gestión activa de los casos
Menos trámites, más justicia
Empoderar a los jueces para una gestión activa de los casos, asegurando que los procedimientos se concluyan en plazos razonables, como en Noruega. Simplificar la legislación procesal para eliminar duplicidades y agilizar trámites. La fragmentación de macro-causas, cuando sea posible, puede acelerar los procedimientos.
Eje estratégico
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Promoción de métodos alternativos de resolución de disputas (MASC)
Soluciones rápidas, económicas y menos conflictivas.
Los MASC son herramientas esenciales para descongestionar los tribunales, ofreciendo soluciones más rápidas, económicas y menos conflictivas. La Ley 1/2025 en España introduce la obligatoriedad de los MASC, pero su implementación presenta desafíos como la prueba de la negociación y la uniformidad de criterios.
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Métodos alternativos de resolución de conflictos (MASC)
Resolver conflictos sin llegar a juicio
Fomentar e incluso exigir el uso de mediación, conciliación o arbitraje antes de acudir a juicio, tal como sucede en muchos países de la UE.
Por ejemplo, Francia e Italia incentivan la mediación civil previa al juicio y Portugal ofrece centros públicos de mediación. La evidencia indica que ampliar los servicios de justicia alternativa disminuye los conflictos judiciales y ahorra recursos (cada dólar invertido en mediación puede generar retornos de hasta 16 dólares).
La implantación sistemática de estos métodos reduciría drásticamente la litigiosidad ordinaria, liberando tiempo de los tribunales para casos complejos.Desarrollar un marco legal y reglamentario que proporcione claridad sobre la obligatoriedad de los MASC, la validez de las comunicaciones electrónicas y los criterios de verificación judicial, para evitar la inseguridad jurídica y nuevos litigios.
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Plataformas Digitales para MASC
Mediación accesible y segura para resolver conflictos
Crear plataformas digitales seguras y fáciles de usar para la mediación, conciliación y otros MASC, que faciliten el proceso y la prueba de los intentos de negociación. El marco de la UE ya promueve la digitalización para crear procesos de ADR fluidos.
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Incentivos y concienciación
Premiar el acuerdo, no el conflicto
Implementar incentivos para que las partes utilicen los MASC, como la imposición de costas a quien rechace una oferta razonable y luego obtenga una sentencia menos favorable. Promover campañas de concienciación pública sobre los beneficios de los MASC.
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Especialización de Profesionales de MASC
resolver conflictos necesita de Profesionales preparados
Fomentar la formación y especialización de mediadores y conciliadores, siguiendo el modelo de Nueva York, donde los mediadores son profesionales capacitados que ayudan a las partes a negociar.
Eje estratégico
4
Acceso a la justicia
Un sistema más cercano, comprensible y equitativo para todas las personas.
Garantizar el derecho a la justicia implica eliminar barreras económicas, lingüísticas y culturales. Este bloque propone ampliar la asistencia jurídica gratuita, simplificar el lenguaje judicial, e incorporar formación básica sobre derechos en la educación y en campañas públicas. Se trata de acercar la justicia a la ciudadanía para que cualquier persona pueda comprenderla y ejercerla.
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Asistencia jurídica gratuita reforzada
Cobertura ampliada y simplificación de trámites.
Tomando como base el sólido sistema español, se propone extender la asistencia legal gratuita a casos civiles de alto impacto (violencia doméstica, desahucios, inmigración, etc.) y eliminar barreras económicas. Por ejemplo, en algunos países los colectivos vulnerables (víctimas de violencia o inmigrantes) reciben ayuda jurídica automáticamente. Ampliar la representación legal a los más necesitados contribuye a reducir desigualdades sociales y evita consecuencias graves (bancarrota, violencia o exclusión) al resolver pronto los conflictos legales.
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Lenguaje judicial claro
Notificaciones y sentencias comprensibles para el ciudadano.
Establecer directrices obligatorias de “lenguaje claro” en todos los documentos y actuaciones judiciales. Iniciativas similares en Iberoamérica (Chile, Argentina, Uruguay, México, Portugal) han impulsado normas para redactar con vocabulario sencillo. En España la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia ya consagra el derecho a recibir notificaciones y resoluciones con términos comprensibles.
Adoptar estas buenas prácticas (uso de sintaxis simple, glosarios de términos técnicos y explicaciones breves) mejora la transparencia y la confianza, al facilitar que la ciudadanía entienda el proceso judicial.
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Educación jurídica básica
Formación y recursos informativos para la ciudadanía.
Incluir contenidos sobre derechos civiles y mecanismos judiciales en la educación obligatoria y en campañas públicas. Varios estudios destacan que capacitar a las personas para resolver sus propios problemas legales (por ejemplo, enseñándoles cuándo acudir a mediación o juzgados) fortalece el acceso a la justicia.
Programas de “alfabetización legal” (en Finlandia y otros países europeos) han mostrado que los ciudadanos informados generan menos litigios y perciben mayor legitimidad del sistema. Difundir información básica (vía Internet, oficinas de ayuda al ciudadano, mediación escolar) empodera a la población para ejercer sus derechos y previene conflictos legales innecesarios.
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Financiación robusta y sostenible de la asistencia legal
Garantizar la justicia también es financiarla
Asegurar una financiación adecuada y a largo plazo para la asistencia jurídica gratuita, indexándola a las condiciones económicas y simplificando los flujos de financiación, como se ha hecho en Australia con una inversión significativa.
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Diversificación de modelos de asistencia legal
Más recursos, mejor acceso a la justicia
Explorar la combinación de abogados de planta con la colaboración de abogados privados y el uso de personal no abogado (como trabajadores de admisión o paralegales) para tareas de apoyo y orientación, siguiendo el modelo canadiense.
Eje estratégico
5
Recursos humanos y formación
Invertir en quienes hacen posible la justicia
Invertir en las personas que hacen posible la justicia.
La calidad de la justicia depende del talento, la formación y las condiciones laborales de quienes la integran. Este bloque plantea aumentar plantillas, mejorar salarios y condiciones de trabajo, y apostar por la especialización y evaluación continua. Una justicia moderna necesita profesionales motivados, bien preparados y con medios suficientes para desempeñar su labor.
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Refuerzo de plantillas
Más jueces, fiscales y personal de apoyo.
Aumentar el número de magistrados hasta aproximar la media europea. El CEPEJ indica que España cuenta hoy unos 11,9 jueces por cada 100.000 habitantes, menos de la mitad de la media de la UE (22,9), mientras tiene un elevado número de funcionarios judiciales por juez.
Se debe invertir en contratar más jueces y fiscales para compensar cargas de trabajo, así como auxiliar abogados/asistentes procesales (repartiendo tareas administrativas). A mayor número de jueces especializados por habitantes, se acortan los plazos de los juicios y mejora la calidad de la justicia.
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Mejora de condiciones laborales
Salarios e incentivos competitivos.
Elevar las retribuciones de la carrera judicial para equipararlas a estándares europeos, de modo que ser juez o fiscal sea una carrera atractiva. Introducir complementos salariales por destino (en zonas rurales o conflictivas) y reforzar la conciliación laboral (teletrabajo parcial para investigación, flexibilidad familiar).
Ampliar el presupuesto en medios materiales (nuevas sedes, salas de audiencia modernas, bibliotecas jurídicas actualizadas). Garantizar estabilidad y carrera clara (p.ej. ascensos por méritos y antigüedad previsible) fomentará la profesionalización a largo plazo.
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Especialización y evaluación
Carreras temáticas y formación continua.
Incentivar que jueces y fiscales elijan especialidades (tecnología, medio ambiente, criminalidad organizada, familia, etc.) mediante convocatorias internas y formación dirigida. Copiar modelos como el alemán (diferenciando tribunales de instancia y apelación) o el británico (tribunales de familia/mercantiles). Promover la creación de plazas específicas para especialistas y otorgar horas anuales obligatorias de actualización (por ejemplo, una vez al año curso obligatorio de la Escuela Judicial). Estudios europeos resaltan que la capacitación permanente en nuevas áreas (Digitalización del derecho, jurisprudencia europea, técnicas de mediación) eleva la calidad de la judicatura. Además, establecer métricas de desempeño (encuestas de satisfacción, plazos promedios, índices de revisión) permitirá evaluar periódicamente a los tribunales e impulsar mejoras donde se detecten cuellos de botella.
Eje estratégico
6
Ejecución de sentencias y grandes procesos
Reforzar la confianza ciudadana
Una sentencia justa solo es efectiva si se cumple con rapidez y claridad. Este bloque propone agilizar la ejecución de fallos, crear tribunales especializados en corrupción, y garantizar la transparencia en los casos de alto impacto social. La ciudadanía recupera la confianza cuando ve que la justicia actúa con firmeza, independencia y resultados tangibles.
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Agilización de la ejecución forzosa
Eficacia en el cumplimiento de fallos.
Reforzar las Oficinas de Ejecución con personal especializado (incluyendo juristas y técnicos informáticos) y dotarlas de herramientas digitales (seguimiento automático de embargos, subastas electrónicas, SMS de notificación a condenados). Por ejemplo, modelos como las “task forces” de ejecución de EE. UU. agilizan desahucios y embargos. En casos civiles y laborales, plazos cortos obligatorios y penalizaciones por demoras (multas a partes retardatarias) asegurarían que las sentencias no queden estancadas.
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Tribunales anticorrupción especializados
Tribunales dedicados a grandes casos de corrupción.
Seguir ejemplos internacionales (p.ej. Filipinas, Croacia, Tailandia, Uganda) que han establecido cortes o cámaras especializadas anticorrupción.
Estos tribunales concentran experiencia en delitos económicos y suelen contar con recursos adicionales. Las jurisdicciones especializadas permiten resolver casos complejos de forma más expedita, al reducir la dispersión de cargas de trabajo.
Además, al estar estructuradas como órganos autónomos, ofrecen mayor garantía de imparcialidad y resistencia a presiones, fortaleciendo la confianza ciudadana en la transparencia del proceso.
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Transparencia en macroprocesos
Visibilidad y comunicación pública.
Asegurar que los juicios de alto perfil (p. ej. grandes casos de corrupción o financiamiento ilegal) sean públicos y debidamente explicados a la sociedad.
Se recomienda difundir en medios o Internet la secuencia de avances (como ya ocurre en algunos casos mediáticos) y publicar las resoluciones completas con resúmenes accesibles.
Mantener informada a la ciudadanía (con lenguaje claro) sobre el estado de estos procedimientos refuerza la percepción de imparcialidad. Por ejemplo, en otros países se realizan jornadas de puertas abiertas o se emiten en directo determinadas audiencias (respetando la ley), para evidenciar la independencia judicial.
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Fomento de la confianza ciudadana
Participación y satisfacción como indicadores
Implementar encuestas periódicas de opinión (al estilo Eurobarómetro) para medir la percepción ciudadana sobre la imparcialidad y eficacia de la justicia.
Utilizar estos datos para diseñar campañas de difusión de logros judiciales (número de sentencias ejecutadas, luchas contra la corrupción resueltas, etc.) Promover la participación ciudadana mediante foros de sugerencias en portales de justicia y la inclusión de ONGs especializadas (transparencia, derechos humanos) en comités asesores.
Estas medidas transparentes y participativas han mostrado en otros sistemas mejorar la valoración pública del sistema judicial.
KPIs claros y medibles de éxito
Los indicadores son la brújula del sistema de medio ambiente y energía: permiten saber si las políticas públicas mejoran realmente la resiliencia del sistema, la seguridad del suministro, la independencia energética y la protección del entorno y de las personas, identificar debilidades estructurales y decidir qué medidas deben corregirse, reforzarse o sustituirse.
Proponemos un marco de KPIs de medio ambiente y energía cuantitativos, comparables y públicos, articulado en torno a una única North Star KPI , el Índice Compuesto de Resiliencia Energética y Ambiental (ICREA), que sintetiza el objetivo principal del programa: garantizar un sistema energético y ambiental resiliente, seguro e independiente que proteja vidas, reduzca emisiones y asegure bienestar a largo plazo.Este indicador central se complementa con:
- KPIs positivos, que recogen los resultados que queremos impulsar (estabilidad eléctrica, reducción de emisiones, autonomía energética, prevención de desastres, mejora ambiental).
- KPIs negativos, que identifican los problemas estructurales que deben reducirse de forma sostenida (apagones, dependencia exterior, incendios forestales, víctimas por eventos climáticos, degradación ambiental).
Cada KPI contará con:
- una definición operativa clara,
- una fuente de datos identificada (Red Eléctrica de España, operadores del sistema, INE, AEMET, ministerios competentes, organismos independientes y organismos internacionales),
- una frecuencia de medición definida (mensual, trimestral o anual),
- y un responsable institucional claramente asignado, con supervisión independiente.
Se establecerán líneas base durante el primer trimestre tras la implantación de las medidas y metas evaluables por legislatura (4 años), con revisiones públicas anuales.
Si una política de medio ambiente y energía no muestra mejoras medibles en los indicadores definidos dentro del plazo previsto, deberá revisarse, corregirse o sustituirse, garantizando una gestión pública basada en evidencia, resultados y protección efectiva de la ciudadanía.
KPI estrella (North Star)
Confianza ciudadana en el sistema de justicia
Percepción agregada de imparcialidad, eficacia y accesibilidad de la justicia (encuestas periódicas tipo Eurobarómetro + encuestas nacionales).
Resume todo el programa: independencia, rapidez, acceso y resultados visibles.
KPIs positivos (a incentivar y maximizar)
- Tiempo medio de resolución judicialDuración promedio de los procedimientos por jurisdicción y tipo de caso.
- Tasa de ejecución efectiva de sentenciasPorcentaje de sentencias ejecutadas íntegramente dentro del plazo legal.
- Índice de independencia judicial percibidaValoración ciudadana y empresarial sobre la ausencia de interferencias políticas.
- Porcentaje de casos resueltos sin juicio (MASC)Proporción de conflictos solucionados mediante mediación, conciliación o arbitraje.
- Satisfacción de usuarios del sistema de justiciaValoración de ciudadanos, abogados y profesionales sobre claridad, trato y accesibilidad.
- Nivel de digitalización judicial efectivaPorcentaje de expedientes tramitados íntegramente de forma digital y sin duplicidades.
- Carga media de trabajo por juezNúmero de asuntos activos por juez ajustado por especialidad.
- Porcentaje de audiencias telemáticas realizadas con éxitoAudiencias celebradas sin incidencias técnicas ni suspensiones.
- Acceso efectivo a la asistencia jurídica gratuitaPorcentaje de solicitudes resueltas favorablemente y en plazo.
- Especialización profesional de jueces y fiscalesPorcentaje de profesionales adscritos a jurisdicciones especializadas con formación específica.
KPIs negativos (a reducir de forma sostenida)
Tasa de retrasos judicialesPorcentaje de procedimientos que superan los plazos razonables establecidos.
- Volumen de asuntos pendientes acumuladosStock de casos sin resolver por jurisdicción.
- Percepción de politización de la justiciaPorcentaje de encuestados que consideran que la justicia no es independiente.
- Casos anulados por defectos procesalesIndicador de mala gestión procesal o excesiva complejidad normativa.
- Litigiosidad evitableCasos que podrían haberse resuelto mediante MASC o acuerdos previos.
- Brecha de acceso a la justiciaDiferencias en acceso efectivo según renta, territorio o vulnerabilidad.
- Rotación no deseada de jueces y personal judicialSalidas por desmotivación, sobrecarga o malas condiciones laborales.
- Suspensiones de vistas por causas organizativasAudiencias canceladas por falta de medios, agenda o notificaciones fallidas.
- Conflictos de interés detectadosCasos identificados de incompatibilidades o “puertas giratorias”.
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Justicia y derecho
JUSTICIA y
Derecho
Una justicia independiente, eficaz y al servicio de la ciudadanía
La justicia en España es una de las instituciones que genera más debate y preocupación entre la ciudadanía. Diversos estudios y encuestas de opinión pública reflejan una percepción crítica del sistema, señalando una serie de problemas estructurales y sistémicos que afectan su eficiencia, imparcialidad y accesibilidad. A continuación, se detallan las principales preocupaciones y deficiencias, así como las propuestas de reforma:
Ejes estratégicos
Eje estratégico
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Independencia y transparencia judicial
Fortalecimiento de la Independencia Judicial
La independencia judicial es la piedra angular de un sistema de justicia justo y confiable. En España, la baja valoración de la independencia judicial entre la ciudadanía y las empresas es una preocupación constante, a menudo atribuida a la interferencia política en el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la percepción de "puertas giratorias". Este principio es crucial para preservar el estado de derecho, proteger los valores democráticos y fomentar la confianza pública en las instituciones. La justicia no solo debe ser independiente: debe parecerlo.
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Reforma del Sistema de Nombramiento del CGPJ
Consejo de la Judicatura imparcial y meritocrático.
España debería reformar el proceso de nombramiento de los vocales del CGPJ. Es crucial que los jueces sean elegidos por sus pares para reducir la influencia política y fortalecer la percepción de imparcialidad.
Como en el modelo italiano o francés, donde la mayoría de vocales del consejo judicial son jueces elegidos por sus pares, y se publican convocatorias y puntuaciones. Así se limita la politización y se fortalece la garantía de imparcialidad en la carrera.
Debe de establecerse explícitamente en la Constitución la independencia de los tribunales como en la constitución sueca (Instrumento de Gobierno), prohibiendo la interferencia del Parlamento, el Gobierno o cualquier agencia gubernamental en las decisiones judiciales individuales. Los jueces son nombrados buscando asegurar nombramientos basados en el mérito. La seguridad en el cargo es robusta, con destituciones solo posibles bajo circunstancias graves y específicas.
Aunque los tribunales deben estar bajo la administración del Ministerio de Justicia y la Administración Nacional de Tribunales, esta supervisión es operativa y no influye en las decisiones judiciales. Los Defensores del Pueblo Parlamentarios actúan como un mecanismo de supervisión externa, asegurando que las autoridades públicas, incluidos los tribunales, cumplan con la ley.
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Independencia administrativa del Poder Judicial
Autonomía para decidir, eficiencia para funcionar
Establecer órganos administrativos judiciales con mayor autonomía, siguiendo el ejemplo de Dinamarca o Suecia, donde la Administración de Tribunales gestiona presupuestos, infraestructura y sistemas de TIC sin injerencia del Ministerio de Justicia. Esto optimizaría la eficiencia sin comprometer la independencia.
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Regulación de "Puertas Giratorias”
La toga no es un trampolín
Implantar reglas estrictas que impidan que jueces, magistrados o fiscales ocupen cargos políticos o de gran influencia financiera inmediatamente después de dejar la judicatura (periodos de “enfriamiento”). También restringir que altos cargos públicos asuman posiciones judiciales sin transparencia. Obligatoria declaración jurada de bienes y vínculos (a imagen de otros altos funcionarios) permitiría conocer y prevenir conflictos de interés.
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Transparencia y rendición de cuentas
Datos abiertos y supervisión externa.
Publicar de forma proactiva información relevante: biografías completas y currículos de jueces, agenda pública de audiencias, estadísticas de funcionamiento de tribunales (tasas de resolución, plazo medio de juicios), y los gastos del Poder Judicial. Iniciativas similares en el Reino Unido y Escandinavia han demostrado que el acceso ciudadano a estos datos refuerza la confianza institucional.
Paralelamente, crear un mecanismo independiente (por ejemplo, un comisionado judicial o juntas de jueces pares) para tramitar quejas ciudadanas y evaluar el desempeño judicial. La rendición de cuentas disciplinaria debe ser transparente y rápida, de modo que los ciudadanos vean que los jueces responden por posibles negligencias o irregularidades.
Eje estratégico
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Eficiencia y modernización
Una justicia ágil, digital y centrada en resolver conflictos de forma efectiva.
La lentitud de los procesos judiciales y la sobrecarga de trabajo son problemas crónicos en España, con retrasos que pueden extenderse por años. La digitalización es clave para mejorar la eficiencia y la transparencia.
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Expediente judicial electrónico integral
Digitalización total de procesos.
Inspirarse en la experiencia de Estonia, que cuenta con un sistema electrónico único (e-File) que interconecta juzgados, policías y fiscales. Proponemos implantar una plataforma nacional donde cada expediente se gestione digitalmente desde su inicio: presentación de demandas, notificaciones, diligencias y sentencias se tramiten por vía telemática con firma electrónica. En el modelo estonio “solo se ingresa la información una vez”, ahorrando tiempo y costes administrativos; todas las partes pueden seguir en línea el estado del caso. Esta interoperabilidad acelera la instrucción y evita errores de duplicidad.
Acelerar la implementación de un sistema de justicia electrónica permite la comunicación electrónica 24/7 y la entrada única de datos, reduciendo drásticamente los tiempos de procesamiento. Los Países Bajos han digitalizado el 98% de los expedientes penales y permiten audiencias en línea.
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IA para la gestión de casos y redacción de sentencias
Automatizar lo repetitivo para centrarse en lo esencial
Adoptar soluciones de IA para gestionar grandes volúmenes de datos y acelerar la resolución de casos, como se hace en Alemania con OLGA (para categorización y extracción de metadatos) y Frauke (para redacción de sentencias en casos repetitivos). Singapur también utiliza IA para resúmenes de casos, recopilación de pruebas y optimización de la programación.
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Tribunales especializados y turnos extendidos
Descongestión con la Especialización. resolver antes y mejor.
Crear tribunales especializados (familia, lo mercantil, penal económico, violencia de género, etc.) con jueces dedicados y equipos propios. En paralelo, habilitar juzgados de guardia o turnos ampliados (tarde/noche y fin de semana) para asuntos urgentes. Algunos países aplican “green courts” o “night courts” para casos sencillos, reservando la jornada normal a procesos de mayor cuantía. Esta división temática y horaria reduce las colas procesales y permite dictar sentencias más rápidamente en cada materia.
Reestructurando y especializando los tribunales, podremos continuar y fortalecer la reforma de los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los Municipios , inspirándose en la fusión de tribunales en Suecia y Dinamarca para crear órganos más grandes y eficientes. Fomentar la especialización de los juzgados para mejorar la calidad y agilidad de las resoluciones.
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Audiencias y notificaciones telemáticas
Tribunales conectados con la ciudadanía
Generalizar las vistas y comparecencias por videoconferencia (ya usadas en muchos países durante la pandemia) para asuntos no complejos o preliminares. Habilitar notificaciones electrónicas automáticas (correo certificado digital y SMS) para que abogados y justiciables reciban al instante citaciones y resoluciones.
Esta flexibilidad digital (incluyendo salas virtuales permanentes en los juzgados) descongestiona instalaciones y reduce desplazamientos, acelerando la gestión de audiencias.
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Interoperabilidad administrativa
Conexión entre Justicia y otras entidades.
Desarrollar servicios seguros de intercambio de datos (similar al “X-Road” de Estonia e-estonia.com) que permitan a los tribunales consultar de oficio registros civiles, registrales, mercantiles, policiales y tributarios. De esta forma se evita solicitar nuevamente información que el Estado ya tiene (p.ej. listados de bienes en el catastro o antecedentes penales automáticos), agilizando diligencias como embargos o verificaciones de identidad. Un canal seguro de datos compartidos simplifica la fase probatoria y reduce la carga burocrática de jueces y funcionarios.
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Cierre de la brecha digital en el acceso
Asegurar que la digitalización de la justicia no excluya a nadie.
Esto implica invertir en formación en competencias digitales para la ciudadanía y garantizar que las plataformas sean accesibles y fáciles de usar, con soporte multicanal. Implementar programas de "asistencia digital" y asegurar que los servicios en línea sean accesibles para todos los ciudadanos, especialmente para personas mayores o con discapacidades, como se ha hecho en el Reino Unido. Esto incluye la optimización para dispositivos móviles y la disponibilidad de soporte multicanal (presencial, telefónico, online).
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Simplificación procesal y gestión activa de los casos
Menos trámites, más justicia
Empoderar a los jueces para una gestión activa de los casos, asegurando que los procedimientos se concluyan en plazos razonables, como en Noruega. Simplificar la legislación procesal para eliminar duplicidades y agilizar trámites. La fragmentación de macro-causas, cuando sea posible, puede acelerar los procedimientos.
Eje estratégico
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Promoción de métodos alternativos de resolución de disputas (MASC)
Soluciones rápidas, económicas y menos conflictivas.
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Métodos alternativos de resolución de conflictos (MASC)
Resolver conflictos sin llegar a juicio
Fomentar e incluso exigir el uso de mediación, conciliación o arbitraje antes de acudir a juicio, tal como sucede en muchos países de la UE.
Por ejemplo, Francia e Italia incentivan la mediación civil previa al juicio y Portugal ofrece centros públicos de mediación. La evidencia indica que ampliar los servicios de justicia alternativa disminuye los conflictos judiciales y ahorra recursos (cada dólar invertido en mediación puede generar retornos de hasta 16 dólares).
La implantación sistemática de estos métodos reduciría drásticamente la litigiosidad ordinaria, liberando tiempo de los tribunales para casos complejos.Desarrollar un marco legal y reglamentario que proporcione claridad sobre la obligatoriedad de los MASC, la validez de las comunicaciones electrónicas y los criterios de verificación judicial, para evitar la inseguridad jurídica y nuevos litigios.
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Plataformas Digitales para MASC
Mediación accesible y segura para resolver conflictos
Crear plataformas digitales seguras y fáciles de usar para la mediación, conciliación y otros MASC, que faciliten el proceso y la prueba de los intentos de negociación. El marco de la UE ya promueve la digitalización para crear procesos de ADR fluidos.
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Incentivos y concienciación
Premiar el acuerdo, no el conflicto
Implementar incentivos para que las partes utilicen los MASC, como la imposición de costas a quien rechace una oferta razonable y luego obtenga una sentencia menos favorable. Promover campañas de concienciación pública sobre los beneficios de los MASC.
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Especialización de Profesionales de MASC
resolver conflictos necesita de Profesionales preparados
Fomentar la formación y especialización de mediadores y conciliadores, siguiendo el modelo de Nueva York, donde los mediadores son profesionales capacitados que ayudan a las partes a negociar.
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Acceso a la justicia
Un sistema más cercano, comprensible y equitativo para todas las personas.
Garantizar el derecho a la justicia implica eliminar barreras económicas, lingüísticas y culturales. Este bloque propone ampliar la asistencia jurídica gratuita, simplificar el lenguaje judicial, e incorporar formación básica sobre derechos en la educación y en campañas públicas. Se trata de acercar la justicia a la ciudadanía para que cualquier persona pueda comprenderla y ejercerla.
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Asistencia jurídica gratuita reforzada
Cobertura ampliada y simplificación de trámites.
Tomando como base el sólido sistema español, se propone extender la asistencia legal gratuita a casos civiles de alto impacto (violencia doméstica, desahucios, inmigración, etc.) y eliminar barreras económicas. Por ejemplo, en algunos países los colectivos vulnerables (víctimas de violencia o inmigrantes) reciben ayuda jurídica automáticamente. Ampliar la representación legal a los más necesitados contribuye a reducir desigualdades sociales y evita consecuencias graves (bancarrota, violencia o exclusión) al resolver pronto los conflictos legales.
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Lenguaje judicial claro
Notificaciones y sentencias comprensibles para el ciudadano.
Establecer directrices obligatorias de “lenguaje claro” en todos los documentos y actuaciones judiciales. Iniciativas similares en Iberoamérica (Chile, Argentina, Uruguay, México, Portugal) han impulsado normas para redactar con vocabulario sencillo. En España la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia ya consagra el derecho a recibir notificaciones y resoluciones con términos comprensibles.
Adoptar estas buenas prácticas (uso de sintaxis simple, glosarios de términos técnicos y explicaciones breves) mejora la transparencia y la confianza, al facilitar que la ciudadanía entienda el proceso judicial.
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Educación jurídica básica
Formación y recursos informativos para la ciudadanía.
Incluir contenidos sobre derechos civiles y mecanismos judiciales en la educación obligatoria y en campañas públicas. Varios estudios destacan que capacitar a las personas para resolver sus propios problemas legales (por ejemplo, enseñándoles cuándo acudir a mediación o juzgados) fortalece el acceso a la justicia.
Programas de “alfabetización legal” (en Finlandia y otros países europeos) han mostrado que los ciudadanos informados generan menos litigios y perciben mayor legitimidad del sistema. Difundir información básica (vía Internet, oficinas de ayuda al ciudadano, mediación escolar) empodera a la población para ejercer sus derechos y previene conflictos legales innecesarios.
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Financiación robusta y sostenible de la asistencia legal
Garantizar la justicia también es financiarla
Asegurar una financiación adecuada y a largo plazo para la asistencia jurídica gratuita, indexándola a las condiciones económicas y simplificando los flujos de financiación, como se ha hecho en Australia con una inversión significativa.
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Diversificación de modelos de asistencia legal
Más recursos, mejor acceso a la justicia
Explorar la combinación de abogados de planta con la colaboración de abogados privados y el uso de personal no abogado (como trabajadores de admisión o paralegales) para tareas de apoyo y orientación, siguiendo el modelo canadiense.
Eje estratégico 5
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Recursos humanos y formación
Invertir en quienes hacen posible la justicia
Invertir en las personas que hacen posible la justicia.
La calidad de la justicia depende del talento, la formación y las condiciones laborales de quienes la integran. Este bloque plantea aumentar plantillas, mejorar salarios y condiciones de trabajo, y apostar por la especialización y evaluación continua. Una justicia moderna necesita profesionales motivados, bien preparados y con medios suficientes para desempeñar su labor.
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Refuerzo de plantillas
Más jueces, fiscales y personal de apoyo.
Aumentar el número de magistrados hasta aproximar la media europea. El CEPEJ indica que España cuenta hoy unos 11,9 jueces por cada 100.000 habitantes, menos de la mitad de la media de la UE (22,9), mientras tiene un elevado número de funcionarios judiciales por juez.
Se debe invertir en contratar más jueces y fiscales para compensar cargas de trabajo, así como auxiliar abogados/asistentes procesales (repartiendo tareas administrativas). A mayor número de jueces especializados por habitantes, se acortan los plazos de los juicios y mejora la calidad de la justicia.
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Mejora de condiciones laborales
Salarios e incentivos competitivos.
Elevar las retribuciones de la carrera judicial para equipararlas a estándares europeos, de modo que ser juez o fiscal sea una carrera atractiva. Introducir complementos salariales por destino (en zonas rurales o conflictivas) y reforzar la conciliación laboral (teletrabajo parcial para investigación, flexibilidad familiar).
Ampliar el presupuesto en medios materiales (nuevas sedes, salas de audiencia modernas, bibliotecas jurídicas actualizadas). Garantizar estabilidad y carrera clara (p.ej. ascensos por méritos y antigüedad previsible) fomentará la profesionalización a largo plazo.
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Especialización y evaluación
Carreras temáticas y formación continua.
Incentivar que jueces y fiscales elijan especialidades (tecnología, medio ambiente, criminalidad organizada, familia, etc.) mediante convocatorias internas y formación dirigida. Copiar modelos como el alemán (diferenciando tribunales de instancia y apelación) o el británico (tribunales de familia/mercantiles). Promover la creación de plazas específicas para especialistas y otorgar horas anuales obligatorias de actualización (por ejemplo, una vez al año curso obligatorio de la Escuela Judicial). Estudios europeos resaltan que la capacitación permanente en nuevas áreas (Digitalización del derecho, jurisprudencia europea, técnicas de mediación) eleva la calidad de la judicatura.
Además, establecer métricas de desempeño (encuestas de satisfacción, plazos promedios, índices de revisión) permitirá evaluar periódicamente a los tribunales e impulsar mejoras donde se detecten cuellos de botella.
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Ejecución de sentencias y grandes procesos
Reforzar la confianza ciudadana
Una sentencia justa solo es efectiva si se cumple con rapidez y claridad. Este bloque propone agilizar la ejecución de fallos, crear tribunales especializados en corrupción, y garantizar la transparencia en los casos de alto impacto social. La ciudadanía recupera la confianza cuando ve que la justicia actúa con firmeza, independencia y resultados tangibles.
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Agilización de la ejecución forzosa
Eficacia en el cumplimiento de fallos.
Reforzar las Oficinas de Ejecución con personal especializado (incluyendo juristas y técnicos informáticos) y dotarlas de herramientas digitales (seguimiento automático de embargos, subastas electrónicas, SMS de notificación a condenados). Por ejemplo, modelos como las “task forces” de ejecución de EE. UU. agilizan desahucios y embargos. En casos civiles y laborales, plazos cortos obligatorios y penalizaciones por demoras (multas a partes retardatarias) asegurarían que las sentencias no queden estancadas.
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Tribunales anticorrupción especializados
Tribunales dedicados a grandes casos de corrupción.
Seguir ejemplos internacionales (p.ej. Filipinas, Croacia, Tailandia, Uganda) que han establecido cortes o cámaras especializadas anticorrupción.
Estos tribunales concentran experiencia en delitos económicos y suelen contar con recursos adicionales. Las jurisdicciones especializadas permiten resolver casos complejos de forma más expedita, al reducir la dispersión de cargas de trabajo.
Además, al estar estructuradas como órganos autónomos, ofrecen mayor garantía de imparcialidad y resistencia a presiones, fortaleciendo la confianza ciudadana en la transparencia del proceso.
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Transparencia en macroprocesos
Visibilidad y comunicación pública.
Asegurar que los juicios de alto perfil (p. ej. grandes casos de corrupción o financiamiento ilegal) sean públicos y debidamente explicados a la sociedad.
Se recomienda difundir en medios o Internet la secuencia de avances (como ya ocurre en algunos casos mediáticos) y publicar las resoluciones completas con resúmenes accesibles.
Mantener informada a la ciudadanía (con lenguaje claro) sobre el estado de estos procedimientos refuerza la percepción de imparcialidad. Por ejemplo, en otros países se realizan jornadas de puertas abiertas o se emiten en directo determinadas audiencias (respetando la ley), para evidenciar la independencia judicial.
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Fomento de la confianza ciudadana
Participación y satisfacción como indicadores
Implementar encuestas periódicas de opinión (al estilo Eurobarómetro) para medir la percepción ciudadana sobre la imparcialidad y eficacia de la justicia.
Utilizar estos datos para diseñar campañas de difusión de logros judiciales (número de sentencias ejecutadas, luchas contra la corrupción resueltas, etc.) Promover la participación ciudadana mediante foros de sugerencias en portales de justicia y la inclusión de ONGs especializadas (transparencia, derechos humanos) en comités asesores.
Estas medidas transparentes y participativas han mostrado en otros sistemas mejorar la valoración pública del sistema judicial.
KPIs claros y medibles de éxito
Los indicadores son la brújula del sistema de justicia: permiten saber si las reformas mejoran realmente la imparcialidad, la eficiencia y el acceso a la justicia, identificar cuellos de botella y decidir qué políticas deben corregirse o reforzarse.
Proponemos un marco de KPIs judiciales cuantitativos, comparables y públicos, articulado en torno a una única North Star que sintetiza el objetivo principal del programa —una justicia independiente, eficaz y accesible para toda la ciudadanía—, acompañado de un conjunto de KPIs positivos, que recogen los resultados que queremos impulsar, y KPIs negativos, que identifican los problemas estructurales que deben reducirse de forma sostenida.
Cada KPI contará con una definición operativa clara, una fuente de datos identificada (registros judiciales, estadísticas del CGPJ, Ministerio de Justicia, encuestas de percepción ciudadana y profesional, INE y organismos internacionales), una frecuencia de medición definida (mensual, trimestral o anual) y un responsable institucional claramente asignado (Consejo General del Poder Judicial y Ministerio de Justicia, con supervisión de órganos independientes).
Se establecerán líneas base durante el primer trimestre tras la implantación de las medidas y metas evaluables por legislatura (4 años), con revisiones anuales públicas. Si una política de justicia no muestra mejoras medibles dentro del plazo previsto, deberá revisarse, corregirse o sustituirse, garantizando una gestión basada en evidencia y resultados.
KPI estrella (North Star)
Confianza ciudadana en el sistema de justicia
Percepción agregada de imparcialidad, eficacia y accesibilidad de la justicia (encuestas periódicas tipo Eurobarómetro + encuestas nacionales).
Resume todo el programa: independencia, rapidez, acceso y resultados visibles.
KPIs positivos (a incentivar y maximizar)
- Tiempo medio de resolución judicialDuración promedio de los procedimientos por jurisdicción y tipo de caso.
- Tasa de ejecución efectiva de sentenciasPorcentaje de sentencias ejecutadas íntegramente dentro del plazo legal.
- Índice de independencia judicial percibidaValoración ciudadana y empresarial sobre la ausencia de interferencias políticas.
- Porcentaje de casos resueltos sin juicio (MASC)Proporción de conflictos solucionados mediante mediación, conciliación o arbitraje.
- Satisfacción de usuarios del sistema de justiciaValoración de ciudadanos, abogados y profesionales sobre claridad, trato y accesibilidad.
- Nivel de digitalización judicial efectivaPorcentaje de expedientes tramitados íntegramente de forma digital y sin duplicidades.
- Carga media de trabajo por juezNúmero de asuntos activos por juez ajustado por especialidad.
- Porcentaje de audiencias telemáticas realizadas con éxitoAudiencias celebradas sin incidencias técnicas ni suspensiones.
- Acceso efectivo a la asistencia jurídica gratuitaPorcentaje de solicitudes resueltas favorablemente y en plazo.
- Especialización profesional de jueces y fiscalesPorcentaje de profesionales adscritos a jurisdicciones especializadas con formación específica.
KPIs negativos (a reducir de forma sostenida)
Tasa de retrasos judicialesPorcentaje de procedimientos que superan los plazos razonables establecidos.
- Volumen de asuntos pendientes acumuladosStock de casos sin resolver por jurisdicción.
- Percepción de politización de la justiciaPorcentaje de encuestados que consideran que la justicia no es independiente.
- Casos anulados por defectos procesalesIndicador de mala gestión procesal o excesiva complejidad normativa.
- Litigiosidad evitableCasos que podrían haberse resuelto mediante MASC o acuerdos previos.
- Brecha de acceso a la justiciaDiferencias en acceso efectivo según renta, territorio o vulnerabilidad.
- Rotación no deseada de jueces y personal judicialSalidas por desmotivación, sobrecarga o malas condiciones laborales.
- Suspensiones de vistas por causas organizativasAudiencias canceladas por falta de medios, agenda o notificaciones fallidas.
- Conflictos de interés detectadosCasos identificados de incompatibilidades o “puertas giratorias”.
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